Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la resolución de dos litigios que promovió contra créditos fiscales que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que juntos suman más de 34 mil 373 millones de pesos, correspondientes a impuestos, multas, actualizaciones y recargos.

Por medio de dos solicitudes de impedimento –usadas para separar a un juzgador de un asunto cuando existe riesgo en su imparcialidad o un posible conflicto de intereses–, Elektra pidió al alto tribunal que fueran apartados los nueve integrantes del pleno sobre la revisión de amparos, uno de ellos sobre el juicio más cuantioso que enfrenta. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas sin mayor trámite por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y en su lugar impuso multas a la empresa por haber buscado “entorpecer o dilatar” los juicios.

“Dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto a las pruebas que se ofrecen (Elektra)”, se notificó ayer en listas electrónicas de la SCJN.

Es la primera vez que la empresa busca recusar a todo el pleno, integrado por tres ministras que repitieron en el cargo tras las elecciones judiciales –Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf– y seis que asumieron el cargo por primera vez: Hugo Aguilar Ortiz, Arístides García Guerrero, Giovanni Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González e Irving Espinosa Betanzo.

En la anterior integración, el grupo tramitó recursos de impedimento en lo individual contra seis: Batres Guadarrama, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Elektra buscaba impedir a todo el pleno de la resolución del amparo directo en revisión 6321/2024, en el que impugna el crédito fiscal de 2013, el más cuantioso que enfrenta, por más de 33 mil 306 millones de pesos, así como el juicio 5654/2024, relativo a otro crédito fiscal de 2008, por más de mil 431 millones.

Las razones de Elektra no son públicas ni el monto de las multas impuestas. Sin embargo, el artículo 250 de la Ley de Amparo prevé que “cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de 70 a 690 unidades de medida y actualización”.

En la Corte hay pendientes de resolución seis asuntos de Grupo Salinas, cinco de Elektra y uno de Tv Azteca, que impugnan créditos fiscales por más de 41 mil millones de pesos.