Un juez federal anuló el juicio de amparo que promovió el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo contra nuevas órdenes de aprehensión que se hayan librado en su contra. Los actos que reclamó en su demanda fueron diferentes a los que ya cuenta por delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por un estimado 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en esa entidad.

El ex gobernador, prófugo de la justicia, promovió el recurso el 14 de agosto contra actos del juez de distrito en funciones de juez de control en el sistema penal acusatorio adscrito al centro de justicia penal federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte y otros.

Reclamó actos privativos de la libertad, la orden de captura o arresto, así como comparecencia judicial y su respectiva ejecución. 

Sin embargo Viridiana Berenice Quiroz Ángel, titular del juzgado noveno de distrito en materia penal en la Ciudad de México determinó no continuar con el estudio del caso.

" Por lo expuesto y fundado se resuelve. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Silvano Aureoles Conejo en términos de la consideración tercera de la presente resolución", señala el fallo de la impartidora de justicia quien solo dio a conocer el sentido de su resolución, pero no publicó el expediente con los motivos de la sentencia.

En agosto pasado, Jovita Vargas Alarcón, quien estaba a cargo de ese juzgado, le concedió la suspensión contra los actos reclamados y le fijó una garantía de 100 mil pesos para que la medida cautelar se mantuviera vigente.

En marzo de este año, cuatro ex colaboradores de Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva.

Aureoles Conejo tenía que comparecer el 20 de agosto ante la jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente, quien lo citó para la audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputará por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta por presuntamente desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad, sin embargo, aunque sus abogados acudieron a la cita, él no se presentó.

Cuando sea detenido, se le podría dictar prisión preventiva justificada por haber evadido a las autoridades y no enfrentar un proceso cuyos delitos no están tipificados como graves.