Ciudad de México. La orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michocán, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia continúa vigente, luego de que una juez de distrito negó concederle la suspensión definitiva contra nuevas órdenes de arresto que hayan librado en su contra. Los actos que reclamó en su demanda son diferentes a los que ya cuenta por delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por un monto que se estima en 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad.

El pasado 18 de agosto, Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (en contra de quien la Fiscalía General de la República interpuso una denuncia por obstrucción de la justicia) le concedió una suspensión provisional y le impuso una garantía de 100 mil pesos para que surtiera efectos la medida cautelar.

Sin embargo, el 20 de agosto Aureoles Conejo, y uno de sus ex colaboradores no asistieron a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) les imputaría dichos cargos. Ese día estaba citado a audiencia de imputación ante la juez del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava y aunque sus abogados acudieron a la cita, él no se presentó.

La impartidora de justicia recordó que de febrero a la fecha el Aureoles Conejo ha solicitado tres amparos en contra de órdenes de arresto, y de ellos solo quedaba la suspensión otorgada la semana pasada pero ese recurso no tenía relación con el mandamiento por el cual se ordenó su detención.

En marzo pasado cuatro ex colaboradores del ex gobernador fueron vinculados a proceso en una audiencia inicial donde el Ministerio Público Federal los acusó, junto con Aureoles, de realizar una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policíacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.