Ciudad de México. El ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo obtuvo una nueva suspensión provisional que evita por el momento la aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por un monto que se estima en 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad.
Aureoles Conejo tendrá que comparecer el próximo 20 de agosto ante la jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente, quien lo citó para la audiencia inicial, en la que la Fiscalía lo imputará por dichos delitos.
El ex gobernador promovió el recurso el 14 de agosto contra actos del Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al centro de Justicia Penal federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte y otros. Reclamó actos privativos de la libertad, la orden de captura o arresto, así como comparecencia judicial y su respectiva ejecución.
Al respecto, Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (en contra de quien la Fiscalía General de la República interpuso una denuncia por obstrucción de la justicia) le condió la medida cautelar. Para que ese beneficio no se suspenda, debe depositar una garantía de cien mil pesos.
"Se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. En términos de los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, tramítese por separado y en un solo cuaderno el incidente de suspensión', señala el resolutivo de la togada, quien solo dio a conocer el sentido de su fallo, pero no publicó el expediento con los motivos.
Agendó ña.audiencia incidental para el próximo 22 de agosto.
En mayo pasado, la misma juez Vargas Alarcón le revocó a Silvano Aureoles la suspensión definitiva porque no compareció de manera personal ante dicha juzgadora, como le pidió para que surtiera efectos la medida cautelar.
En marzo de este año, cuatro ex colaboradores de Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva.
En este caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos, reveló durante la audiencia contra los cuatro detenidos que las acusaciones están relacionadas con la operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
