Las reformas propuestas en México a la Ley de Amparo podrían aumentar el riesgo regulatorio al limitar la capacidad de los tribunales de suspender actos administrativos, declaró hoy Fitch Ratings.

En un comunicado, la firma expuso que la reforma afectaría a una amplia gama de actividades económicas y reduciría la previsibilidad de las empresas que dependen de permisos, autorizaciones y concesiones, con posibles implicaciones crediticias negativas que se evaluarán caso por caso.

“Fitch considera que los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura social son los más expuestos”, comentó.

Mencionó que una mayor exposición a medidas administrativas adversas podría interrumpir las operaciones, retrasar proyectos en curso, reducir los ingresos y presionar la rentabilidad.

Con el tiempo- mencionó Fitch- podría frenar la inversión, restringir el acceso al mercado y ampliar los diferenciales para los más expuestos a medidas discrecionales.

Fitch expuso que la propuesta de reforma a la Ley de amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada por el Senado y en revisión final en la Cámara de Diputados, prohibiría las suspensiones cuando las autoridades revocan permisos, concesiones o autorizaciones, limitaría los efectos de la medida cautelar al solicitante y restringiría la capacidad de terceros para alegar un interés legítimo.

“Las empresas han recurrido ampliamente a amparos para suspender acciones percibidas como violatorias de derechos; limitar las medidas suspensivas reduce los recursos prácticos contra cambios abruptos en las políticas o la administración y podría afectar la competitividad”, destacó la calificadora.

“Fitch cree que la aprobación del proyecto de ley dejaría a los emisores cuyos modelos de negocio dependen de permisos y autorizaciones gubernamentales más vulnerables a fricciones con las autoridades y con menos protección fiable contra decisiones unilaterales”, agregó.

La calificadora sostuvo que la ley no se aplicaría retroactivamente.