Aunque diversas empresas tratan de instalar una “narrativa engañosa” sobre la supuesta inefectividad e incluso los perjuicios de los llamados impuestos “saludables”, estas medidas no sólo desincentivan el consumo de productos dañinos, sino también ayudan a recaudar cantidades importantes que pueden destinarse a políticas sanitarias de prevención. 

Así lo afirmaron especialistas que asistieron al foro internacional “Gravar el daño” –organizado por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar--, quienes alertaron sobre las graves consecuencias futuras que tendría en la economía del país el no elevar los impuestos especiales a productos como el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados, por los gastos multimillonarios en salud que su consumo genera. 

Simón Barquera, presidente de la Federación Mundial de la Obesidad, alertó que el consumo de refrescos y otras bebidas con altos índices de azúcar está relacionado con la aparición de uno de cada tres casos nuevos de diabetes y uno de cada siete nuevos casos de enfermedades cardiovasculares, a nivel mundial. 

Luego de manifestar su acuerdo con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para elevar los impuestos “saludables”, por ser “soluciones probadas”, con base en evidencias científicas, el experto indicó que los gravámenes implementados en México en 2014 sí representaron avances contra la obesidad en la última década, pero “ya se quedan cortos”, por lo que deben actualizarse. 

Estas medidas, dijo, tuvieron una mayor respuesta por parte de los sectores de menores ingresos, los cuales obtienen beneficios significativos en salud, “y es importante señalarlo porque hay una especie de narrativa de la industria de que este tipo de impuestos afectan a la población de menores recursos, y cuando uno lo analiza, es todo lo contrario”. 

Barquera recordó que el propio director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, resaltó la semana pasada la efectividad de los impuestos “saludables” en México para combatir la obesidad, al mismo tiempo que empresas refresqueras publicaron un desplegado en el que afirmaron que los organismos internacionales han desacreditado estas medidas. 

“No podemos tomar en serio a estas corporaciones que ejercen una lucha muy fuerte por proteger su poder político y económico y están dispuestos incluso a decir este tipo de declaraciones que son totalmente engañosas”, recalcó. 

Por su parte, Fernando Carreras Castro, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), destacó el vínculo que existe entre la producción masiva de alimentos ultra procesados –acompañada por fuertes campañas de publicidad— y la aparición del actual ambiente obesogénico que se registra a nivel mundial. 

Si México decidiera actuar de manera decidida con la imposición de gravámenes a productos dañinos, enfatizó, se podrían ahorrar hasta 124 mil millones de dólares en reducción de gastos de salud, equivalentes a 75 por ciento del Producto Interno Bruto en 2025, pero para ello es necesario que se tomen decisiones hoy. 

Juan Rivera, presidente de la Alianza Global para la Salud Alimentaria, coincidió en resaltar la efectividad de los impuestos “saludables”, ya que diversos estudios han demostrado que la demanda de las bebidas azucaradas, los cigarros y otros productos nocivos es elástica, es decir, que se reduce cuando aumentan sus precios. 

De igual forma, resaltó que el alza de impuestos no provocó efectos negativos en el empleo, la industria manufacturera ni en los puntos de venta de estos productos, como han asegurado las empresas. “La cantaleta de que va a quebrar negocios no es cierta”, enfatizó. 

En ese mismo tono, el especialista saludó la posible alza de impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, pues de esa manera se recuperaría el nivel de recaudación fiscal y de baja en los índices de obesidad que se lograron tras los impuestos aprobados en 2014, pero llamó a los legisladores a “llevarlo más lejos y más alto”, para aumentar sus efectos positivos.