Entre 70 por ciento y 90 por ciento de las armas en México provienen de Estados Unidos, país en el que la demanda de drogas es gigantesca, y la oferta de armas, descomunal. Nación donde pistolas, rifles y metralletas pueden comprarse fácilmente en alrededor de 75 mil tiendas establecidas en las que un adolescente adquiere un fusil de asalto con mucho mayor facilidad que una cerveza en un supermercado. 

Millones de armas de fuego ingresadas a territorio nacional de manera ilegal por la frontera de Estados Unidos han asesinado a miles de mexicanos e incluso agentes estadunidenses. Ha sucedido bajo la mirada cómplice de autoridades de gobiernos estatales y federal del país que defiende la tenencia de armas como principio fundacional, y también hasta hace unos días con la ausencia de su reconocimiento en la comisión y gravedad de este entramado que dota de poder de fuego a las organizaciones criminales en México. 

No se debe olvidar que entre 2006 y 2011, más de 2 mil armas entraron de manera ilegal a nuestro país de la mano de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos con la colusión de un gobierno, el de Felipe Calderón, que violó la Constitución mientras permitió que los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama violaran la soberanía de México. Todo salió mal: dijeron que las introdujeron para rastrearlas porque tenían un chip –lo que no le quita lo ilegal al asunto–. Con chip y todo, “perdieron” las armas. 

Aparecieron en escenas de crímenes, entre ellas la del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, lo que puso en la mira a este operativo criminal y destapó una cloaca que alcanzó las más altas esferas políticas en Estados Unidos, tanto que Obama, siendo presidente, utilizó por primera vez el “privilegio ejecutivo” para impedir que el entonces fiscal, Eric Holder, entregara documentos sobre Rápido y furioso a la comisión de la Cámara de Representantes que investigó este operativo fallido. En México se negó “calderónicamente”, a pesar de que existe evidencia de que Calderón y su administración no sólo sabían de este operativo, sino que participaron en él. 

Hay registro de un memorando enviado por la ATF al entonces fiscal general de Estados Unidos, en el cual le informan que, en 2007, su agregado en la Ciudad de México se reunió con el también procurador general de la República de México, Eduardo Medina Mora, a quien se le notificó sobre el operativo. Eso no es todo. 

¿Cómo se “extraviaron” aquellas armas? ¿Qué tuvo que suceder para que se “perdiera” su rastro? Resultaría ingenuo pretender, dada la clara colusión del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado y la colaboración de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, que no hubo autoridades que operaran para que el rastro de esas armas se borrara. 

Dentro de los memorandos enviados a la comisión de la Cámara de Representantes que investigó Rápido y furioso, la misma que torpedeó Obama, señalan que agentes de la ATF se quejaron del desempeño de autoridades mexicanas. En testimonios se establece que uno de los agentes le escribió a otro: “Por primera vez, le dimos a los mexicanos lo que querían, un operativo conjunto de trasiego vigilado, y después de 20 minutos que estábamos en contacto con agentes de la AFI que no nos contestaban, nos dijeron que ya habían perdido de vista el convoy que transportaba las armas”. 

Hoy se cumple un año del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y las cosas han cambiado. Este fin de semana dio a conocer un acuerdo histórico con el gobierno de Donald Trump, Misión Cortafuegos, por medio del cual no sólo se da por primera vez el reconocimiento de Estados Unidos sobre su responsabilidad en el trasiego de armas a México, sino que se establecen estrategias de cooperación bajo el respeto a la soberanía para frenar su tráfico; entre ellas se incluyen operativos en su propio territorio. 

También se reconoce por parte de autoridades estadunidenses que petróleo crudo proveniente de México se refina en Estados Unidos, y luego entra de nuevo a México sin pagar impuestos y de manera ilegal. Se suscribe el compromiso de combatir conjuntamente esta red criminal. 

Misión Cortafuegos no sólo es un acuerdo histórico entre México y Estados Unidos, también es muestra de autoridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno de Donald Trump, con el que Estados Unidos deja de considerar a México como un patio trasero para reconocernos como socios de intereses comunes.