La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de forma tajante los ruegos del empresario Ricardo Salinas Pliego para negociar sus deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estimadas en 74 mil millones de pesos, al considerar actualizaciones y recargos de los montos originales. La mandataria llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a revisar los varios expedientes del multimillonario, pero sin los acuerdos “en lo oscurito” y los conflictos de intereses que caracterizaron al Poder Judicial en su anterior conformación, diseñada por y para las élites políticas y los dueños de grandes capitales.

La petición del hombre que ostenta la quinta mayor fortuna del país contrasta con la actitud que ha mantenido por años, caracterizada por ataques personales –incluso soeces– contra sus detractores, uso de su músculo financiero para amedrentar a quienes denuncian sus presuntas malas prácticas, jactancias públicas de su negativa a cumplir con sus obligaciones fiscales, amenazas y hasta la idea de encabezar un movimiento político a fin de hacerse con el gobierno.

Es probable que el radical giro en su estilo pendenciero responda a la firmeza con que la Presidenta le ha exigido ponerse al día con sus impuestos, así como a los reveses recientes en varios de los muchos frentes que mantiene abiertos. Ayer mismo, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que la SCJN está por resolver como exigible el pago de nueve créditos de Grupo Salinas por 48 mil 382 millones de pesos. También esta semana se dio a conocer que el magnate pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser detenido en Estados Unidos, pues un tribunal de ese país lo encontró culpable de desacato por negarse a pagar a la empresa de telecomunicaciones AT&T una indemnización por haberle vendido un negocio sin informarle de que tenía adeudos fiscales.

Por si no fuera suficiente, enfrenta los reclamos de dos fondos de inversión estadunidenses que demandan el pago de 500 millones de dólares que le prestaron para Tv Azteca. En este caso, Salinas Pliego arrastró al Estado mexicano a un litigio con el que no tiene ninguna relación, pues sus acreedores acusan al Poder Judicial de protegerlo indebidamente.

Más allá de las peculiaridades financieras y personales que han hecho del multimillonario la cara más visible de los litigios por evasión fiscal, sus enfrentamientos con el SAT son ejemplares de la gran fiesta de enriquecimiento a expensas del erario que tuvo lugar bajo el neoliberalismo.

Además de establecer un sistema tributario regresivo que se ensañaba con las clases medias y bajas mientras mimaba a la oligarquía, los gobernantes de ese periodo dieron toda suerte de facilidades para diferir y condonar impuestos, sin importarles el daño infligido a la hacienda pública.

Es imposible soslayar el papel del Poder Judicial en ese saqueo tolerado e incluso institucionalizado: con la anuencia de los tribunales, los grandes corporativos convirtieron la controversia jurídica de adeudos en un modus operandi para la evasión, pues los litigios pueden extenderse por décadas hasta ser ganados, lograr un acuerdo o simplemente dejar que la inflación consuma la deuda.

El caso de Salinas Pliego es ilustrativo: sus pleitos se remontan a 2009 y, aunque nunca se ha dictado sentencia a su favor, ha logrado postergar su resolución mediante apelaciones interminables y el favor de togados como el ex ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, quien atrajo sus expedientes sólo para mantenerlos congelados.

En este contexto, cabe saludar que la titular del Ejecutivo siente un precedente acerca de la aplicación de la ley y el repudio al tráfico de influencias, y es de esperarse que la Judicatura sepa estar a la altura de los tiempos con fallos apegados tanto a la ley como al interés nacional.

Por último, lo expuesto deja clara la necesidad de reformar las normas a fin de que corporaciones e individuos pudientes dejen de ver los juicios como una estrategia para evadir o diferir el pago de sus contribuciones.