El ominoso crimen de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en un evento público el pasado 1º de noviembre, generó ciertamente una demanda de justicia de amplios sectores sociales agraviados, no sólo en Uruapan, sino en vastas regiones del país. Y no sólo por el crimen de un presidente municipal con fuerte y real liderazgo, sino también por los otros presidentes municipales asesinados en el último tiempo, que no derivaron en una investigación que mostrara autores intelectuales y materiales sometidos a proceso penal, idea elemental de un Estado de derecho. En este caso, como en los otros, “se está investigando”.
Mientras eso sucede y da o no resultados, ocho días después del crimen, el gobierno federal, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con el gabinete en pleno, presentó desde la Ciudad de México el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (9 de noviembre de 2025) con 12 ejes de estrategia, más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, que aún no se conoce si ya estaban previstos o fueron reubicados para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad que vive la entidad. Es inobjetable que se defina atender seguridad, desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera, caminos y senderos seguros, infraestructura con agua potable, riego y saneamiento, programas para el bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas.
La pregunta inevitable es si se trata de un plan que también se requiere en el resto del país o por qué Michoacán no lo tenía antes del crimen referido y, lo más importante, cuál es el vínculo directo esperado respecto a la erradicación de la violencia y la impunidad que la acompaña. Contrastemos sólo con un ejemplo: el reciente crimen de Marco Antonio Suástegui en Acapulco, Guerrero, luchador histórico contra la construcción de la presa La Parota, sigue impune, a pesar de que generó fuertes reacciones del movimiento social en la entidad y a nivel internacional, pero él no era parte de la clase política. ¿Será por eso que no se anunció plan en Guerrero?
Habrá que desentrañar la lógica de las reacciones gubernamentales independientemente de que con plan y sin plan, la violencia sigue imparable en varias regiones del país. Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, ahora presidenta municipal sustituta en Uruapan, ha declarado que esperan resultados en dos meses y que de ninguna manera están avalando una suerte de intercambio utilitario del plan por la indispensable Justicia. Y precisamente contamos con otra muestra de la lógica política que guía al actual gobierno federal, y que a mi juicio ameritaría una profunda revisión y corrección consecuente.
Me refiero al combate abierto a la convocatoria de la llamada Generación Z a una marcha el pasado 15 de noviembre. Se denunció desde la llamada mañanera que tenía intereses desestabilizadores y la promoción en redes con financiamientos de ese corte. Nada casual que al propio tiempo que se declarara, sin necesidad de ello, que se respeta la libertad de expresión, se amurallara en la Ciudad de México el Palacio Nacional, escenario preferido y anhelado por grupos violentos que “aparecen”, y lo hicieron de nuevo, provocando el enfrentamiento con la policía.
La narrativa de medios y redes sobre la marcha, que fue pacífica antes de llegar al Zócalo, fue destacar justo ese enfrentamiento y enfatizar que no todos y todas sus participantes eran jóvenes. Me decían dos de ellas que no se vio a ningún camión rentado como en otras, que llegaron por sus pies y su voluntad. Lo que fue una constante es el grito de alto a la violencia y sí, la molestia con la descalificación oficial previa, y no obstante muchos y muchas jóvenes vencieron su miedo y con coraje salieron a manifestarse. Y de nueva cuenta hay que anotar que la juventud, Z o no, está siendo fuertemente afectada por la violencia de diverso tipo y ese era el sentimiento mas fuerte que motivó a jóvenes –y no– a salir a marchar.
Sigamos con las preguntas. Cuando se convoca una marcha por una fuerza política electoral, no se enfatiza ni se investiga si son realmente parte de la misma, pero en este caso, resultaba censurable que no todas y todos los participantes fueran jóvenes. ¿Quiénes no lo somos no tenemos derecho a unirnos a la causa de ellos? ¿Quién se erige con el derecho a fiscalizar? Finalmente, también en este caso se requeriría un abordaje nacional en torno a los jóvenes y la revisión a fondo del reclutamiento forzoso que viven en diversas regiones. No es nada casual que quien accionó el arma para asesinar a Carlos Manzo tuviera 17 años. Mucho que revisar en el discurso oficial, desde la mirada de largo alcance antes de denunciar conspiraciones de iniciativas ciudadanas, hasta expresiones recientes como “quienes no nacen no van a las escuelas”, o bien, “si estamos cerca del pueblo, no podemos estar lejos”.
