Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2025 a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las secretarías de Gobernación (SG) y Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) por violentar los derechos humanos a vivir una vida libre de violencia y al trabajo de una empleada adscrita al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), quien fue despedida e inhabilitada por diez años. 

La CNDH informó que en enero de este año recibió la queja de la trabajadora quien denunció haber sido cesada injustificadamente tras la fuga de un interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 (Cefereso 1). 

En un comunicado explicó que la SG cesó a esta persona de su puesto y la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) integró “de manera irregular una averiguación previa” que dio lugar a su consignación y posterior aprehensión por el delito de evasión de presos. A esto se sumó que la extinta Secretaría de la Función Pública (actualmente SABG) la inhabilitó de ocupar algún cargo público por una década. 

La CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y al trabajo porque la víctima, quien se desempeñaba como coordinadora general del OADPRS “fue la única mujer, persona servidora pública de alto nivel, cesada por la evasión de la persona privada de la libertad”, a pesar de que las funciones y obligaciones que tenía eran de carácter administrativo y no tenía presencia física en el cefereso 1 al momento de la evasión. 

Además, hubo otros empleados -hombres- con igual o mayor jerarquía cuya labor era supervisar su trabajo, aún así ella fue la única funcionaria de alto nivel privada de la libertad, comentó la CDNH. 

La Comisión acreditó que la víctima fue la única mujer funcionaria de alto nivel sancionada, “este trato diferenciado constituye un caso de violencia institucional basada en género”. 

Entre las medidas de reparación que contiene esta recomendación están que las dependencias señaladas tendrán que poner en marcha una campaña audiovisual para visibilizar y prevenir la violencia institucional contra las mujeres; designar personal de alto nivel que dé seguimiento al cumplimiento de la Recomendación; emitir circulares para que directivos se abstengan de incurrir en actos similares y observen la normatividad en derechos humanos. Además, por separado la SG deberá ofrecer una disculpa pública a la víctima mediante un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional.