Ciudad de México. Aunque organizaciones defensoras de pueblos indígenas reconocen los avances a nivel constitucional que los considera como sujetos de derechos, aún enfrentan en la práctica desafíos en sus territorios, que son afectados por actividades extractivistas, “proyectos de desarrollo que vulneran sus comunidades a través del despojo territorial, el racismo estructural, la folclorización de las identidades”, junto con amenazas y actos de violencia en contra de defensores comunitarios. 

Así lo expresaron integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entre otros, durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el contexto de su 194 periodo de sesiones. 

Valentina Guzmán, habitante del municipio de Aquismón, San Luis Potosí, en representación de ALDEA Huasteca, insistió en que persisten sesgos estructurales en las normativas de los gobiernos estatales y locales “que limitan el cumplimiento sustantivo de la reforma constitucional indígena, poniendo en riesgo que los avances alcanzados se reduzcan en disposiciones formales sin impacto real, afectando así la desigualdad histórica y la falta de reconocimiento afectivo”. 

La comisionada de la 53 Asamblea General de la OEA, Andrea Pochak, celebró que el Estado mexicano participe en las audiencias solicitadas por la sociedad civil. Recordó que el objetivo de ésta es informar a la CIDH sobre los avances y los desafíos en la reforma constitucional y legislativa en México respecto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos. 

La delegación mexicana estuvo encabezada por la embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la OEA, y diversos funcionarios del Instituto Nacional de Pueblo Indígenas (INPI), entre ellos, Krhistian Hernández, titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de dicho instituto. 

En su oportunidad, la delegación subrayó la importancia de la adopción de la Reforma al Artículo 2° Constitucional en septiembre de 2024, cuya piedra angular es el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Hernández puntualizó las obligaciones que asumió el Estado y las acciones que el gobierno ha realizado en favor de estos pueblos, como los planes de justicia, la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el desarrollo de una iniciativa de ley general para este sector y la traducción de diversas normativas que les competen. 

La delegación señaló que aunque el debate continúe, “están las bases para avanzar” y se establecen los mecanismos de diálogo. Precisó que los acuerdos se realizan con las autoridades legítimamente representadas, elegidas en sus asambleas comunitarias.