Cuatro personas fueron acusadas por su participación en el contrabando de niños desde México a Estados Unidos, usando dulces mezclados con THC, el principal componente psicoactivo de la mariguana, “para mantenerlos callados mientras los introducían de contrabando a Estados Unidos”, informó el Departamento de Justicia estadunidense.

Los mexicanos Susana y Daniel Guadian, de 50 años; Dianne Guadian, de 32 años, ciudadana estadunidense; y Manuel Valenzuela, de 35 años, residente legal en El Paso, Texas, fueron acusados por “conspiración para transportar extranjeros a Estados Unidos con fines lucrativos”, de acuerdo a la información publicada en el sitio web del departamento de Justicia estadunidense. Dianne Guadian y Manuel Valenzuela fueron arrestados el 30 de agosto y comparecieron ante el juez el 2 de septiembre.

Según la denuncia, entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024, los acusados participaron en la introducción a Estados Unidos de niños extranjeros no acompañados de entre cinco y 13 años desde Ciudad Juárez, México. 

Susana y Daniel Guadian habrían reclutado a los conductores que transportaban a los niños. En los puertos de entrada en la frontera presentaban documentos estadounidenses y afirmaban, falsamente, ser los padres de los niños. Luego los trasladaban a El Paso, donde Dianne y Manuel Valenzuela recogían a los menores y pagaban a los conductores la suma de 900 dólares por cada niño entregado.

A los menores les daban gomitas con mariguana para sedarlos y, en uno de los casos, un niño fue llevado a un hospital local y donde se le diagnosticó intoxicación por mariguana. 

“No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables, incluidos muchos niños no acompañados, enfrenten una justicia rigurosa e integral”, declaró la Fiscal General estadunidense, Pamela Bondi.

Este caso forma parte de la Operación “Recuperemos América” cuyo objetivo es “repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”, señala el documento del departamento de Justicia.