Buenos Aires. A tres años del intento de asesinato contra la ex presidenta a Cristina Fernández de Kirchner el Tribunal Oral Federal condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló dos veces la pistola que falló a sólo diez centímetros de la cabeza de la ex mandataria, diez años prisión, mientras que su ex novia y cómplice Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años, absolviendo a Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de ambos.

El atentado sucedió el 1 de septiembre de 2022, frente al domicilio de Fernández de Kirchner quien estaba rodeada por centenares de seguidores entre los cuales se filtró Sabag Montiel.

Sabag Montiel fue condenado a otros cuatro años porque se le encontró material de abuso infantil, lo que totaliza una pena unificada de 14 años. 

El fallo fue adoptado en forma unánime por los delitos de "intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego", "portación de arma de guerra sin la debida autorización legal", y "tenencia de materia de explotación sexual infantil", y su ex novia fue considerada "partícipe necesaria".

La jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscalía no investigaron la cantidad de pruebas presentadas por los abogados de la ex mandataria, ya que esto llevaba hacia los autores intelectuales del hecho, que llegaban hasta figuras del entorno del ex presidente derechista Mauricio Macri, de la derechista Propuesta Republicana (PRO), entre ellos la familia del actual ministro de Economía Luis Caputo.

Una cantidad de evasivas e irregularidades marcaron esta causa además de que la jueza Capuchetti era funcionaria ligada al PRO, y la fiscalía dejó pasar informaciones, como la referida al entonces subsecretario de seguridad Gerardo Milman, ahora diputado del PRO, que encabezaba Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. 

Sabag Montiel en sus últimas palabras ante los jueces se dedicó a defender a Milman criticando que le hubieran abierto una causa y que le quisieran “plantar un muerto, como pasó, y como dijo Patricia Bullrich, que le hicieron un campaña para tirarle un muerto”.

Los defensores de Fernández de Kirchner apelaron de la decisión de la jueza Capuchetti de archivar “la investigación sobre la presunta participación entre los autores intelectuales de Milman”, quien antes del ataque se jactó de que cuando mataran a la ex presidenta él iba a estar viajando a la Costa del Atlántico del sur de la provincia de Buenos Aires. Un tema grave es que no se pudo lograr que Milman entregara su celular y se conoció que fue descargado o cambiado, en las oficinas de Bullrich.

La ex mandataria continúa detenida domiciliariamente por la ilegal causa de vialidad referida a la obra pública por la que fue condenada, sin prueba alguna, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, la policía de la ciudad con escudos y estrategias de una virtual guerra reprimió nuevamente la marjavier mileicha de los miércoles de los jubilados, que fueron golpeados, deteniendo a varios y también a un fotógrafo. La escena donde se ve a varios policías arrestando a un jubilado , al que arrojaron al piso, le dieron vuelta boca abajo manteniéndolo con la rodilla de un efectivo policial en la espalda, quien le colocó esposas ante la desesperación de sus compañeros, que no pudieron evitarlo, se viralizó.

Sucede lo mismo con el video donde se ve a Milei, acompañado por la llamada banda presidencial en un recital, cantando y bailando acompañado por dos diputados, participantes del show en un local, cuyo alquiler es muy caro, y desplegando una cantidad de autobuses trayendo militantes de varias provincias y con un despliegue de seguridad con varias fuerzas entre estos la gendarmería.. 

Esto fue duramente criticado desde el exterior y la tarde de este miércoles cuando aparecieron el presidente y su comitiva en Avenida de Mayo, decenas de personas lo increparon, como ocurre en cada lugar a donde va encabezando la campaña electoral.

La situación se agrava día y este miércoles los diputados votaron mayoritariamente contra la utilización de los decreto de necesidad y urgencia que usa el gobierno en forma permanente violando la Constitución.