Tapachula, Chis., Católicos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas aseguraron que el crimen organizado sigue generando violencia y desplazamiento forzado de comunidades enteras, “lo que autoridades federales y estatales pretenden ignorar”.

Los feligreses encabezaron ayer en el municipio de Venustiano Carranza la Peregrinación por la paz, durante la cual expusieron que en algunas regiones de Chiapas se cometen secuestros, desapariciones y asesinatos, resultado de enfrentamientos entre cárteles de la droga.

“La disputa de territorio por grupos criminales ha ocasionado el desplazamiento forzado de familias completas. El narcomenudeo ha penetrado en las escuelas de zonas urbanas y en nuestras comunidades de la parroquia”, aseveraron en una declaración.

Alertaron de que además aumentaron los establecimientos que venden alcohol, los cuales se convierten en centros de corrupción de menores y venta de drogas “donde el gobierno ya no tiene el control, e incluso algunas autoridades están coludidas”.

Los integrantes del llamado Pueblo Creyente añadieron que con los ataques a poblaciones, delincuentes pretenden quedarse con tierras para explotar los recursos naturales.

Lamentaron que ante las constantes denuncias y muestras de la realidad, los gobiernos estatal y federal ofrecen un discurso oficial de negación.

“Pareciera que las autoridades viven en un mundo paralelo y distinto al del pueblo, pero tienen responsabilidad de esta violencia que sufrimos a nivel estatal y nacional”, recriminaron.

Durante la movilización, exigieron la libertad de Manuel Santiz Aguilar, Juan Velazco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velazco, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, originarios de los municipios de San Juan Cancuc y Pantelhó, a quienes consideran presos políticos.

“Buscamos los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos en nuestras comunidades. Procuramos no caer en este juego de violencia y venganza que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje de que ‘no pasa nada’”, concluyeron.

El 20 de agosto, el Instituto Gua-temalteco de Migración dio a conocer que otorgó a 161 chiapanecos “desplazados por la violencia del crimen organizado en Frontera Comalapa” el estatus de permanencia por razones humanitarias.

“En total, 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con este pase humanitario, además de recibir atención interinstitucional en el departamento de Huehuetenango”, detalló el organismo en un comunicado.