Las protestas contra la reforma a la Ley General de Aguas revelan mucho más que la defensa de un derecho: exhiben a grupos que, durante décadas, han construido poder económico y político alrededor del uso del agua.
Revisar lo que ocurre en el distrito de riego 005 (DR-005), ubicado en la región centro-sur del estado de Chihuahua, ayuda a entender por qué ciertos agricultores y empresarios se oponen con tanta vehemencia a cualquier cambio orientado a regular el agua de forma equitativa.
Esta región ha sido un territorio históricamente desigual. Desde la Colonia, los españoles despojaron y prácticamente extinguieron a pueblos originarios como los conchos y los tapacolmes. Durante el porfiriato se consolidó la apropiación del agua y de la tierra en pocas manos, y ni la Revolución logró revertir esa dinámica: la ley agraria de Villa fue ignorada y, con la creación del DR-005 en 1941, surgió una élite agrícola que se autodenominó Vencedores del Desierto, mientras cientos de campesinos quedaban sin tierra.
Con el tiempo, asociaciones de usuarios y sociedades de responsabilidad limitada concentraron el manejo del riego, y este control se modificó de forma significativa en los años 90 con la transferencia de operaciones del gobierno federal bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari. El cambio formó parte de una política de descentralización más amplia, contemplada en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, con un discurso atractivo, pero en la práctica abrió la puerta a un proceso de privatización de facto del agua.
El DR-005 abarca 75 mil hectáreas y más de 9 mil usuarios, pero el cultivo dominante es el nogal: alrededor de 15 mil hectáreas se destinan a la nuez pecana. Se estima que entre 800 y mil concesionarios poseen huertas, muchas de ellas superiores a 20 hectáreas. Empresas como Nueces Delicias, Golden Pecans, Pronuez Porras o Huerta Santa Lucía, entre muchas más, lideran el negocio.
La producción de nuez mueve enormes recursos. En 2024 alcanzó un valor aproximado de 390 millones de dólares y, para 2025, podría superar 400 millones. Todo ello en un cultivo altamente dependiente del agua: cada kilogramo de nuez requiere entre 5 mil y 7 mil litros.
Los nogaleros presumen la generación de 30 mil empleos anuales, pero ocultan que más de dos tercios son trabajos temporales: jornaleros que viven hacinados, trasladados en camiones inseguros y pagados, en promedio, con 300 pesos al día. Sólo unos cuantos puestos permanentes alcanzan salarios mensuales de entre 6 mil y 12 mil pesos.
Las ganancias han motivado prácticas irregulares: venta clandestina de agua, falsificación de documentos, transmisión de concesiones sin verificación y uso de permisos agrícolas para vender pipas. La Comisión Nacional del Agua ha detectado cerca de 7 mil irregularidades sólo en Chihuahua y mantiene clausuras en municipios como Julimes, Delicias y Meoqui, donde proliferan pozos ilegales, desvíos de ríos y extracción en acuíferos vedados.
Se han documentado tomas clandestinas a lo largo del río San Pedro, presas ilegales que almacenaban cientos de miles de metros cúbicos y títulos irregulares otorgados durante administraciones pasadas para justificar extracciones en zonas sobrexplotadas.
La oposición a la iniciativa presidencial proviene, sobre todo, de quienes han acumulado riqueza gracias a concesiones flexibles y fiscalización deficiente. Temen que la nueva ley impida heredar o vender derechos privados, revise antecedentes de uso y sancione delitos hídricos.
En suma, el corazón del conflicto en esta parte del país, en buena parte, se deriva del cultivo del nogal y su producto, la nuez. Esta actividad es impulsada por un pequeño sector amparado por la ley heredada de la era salinista: los mismos que desde la toma de La Boquilla y en las protestas recientes se presentan como actores centrales en los reclamos contra la nueva Ley General de Aguas.
Se niegan a aceptar que la nueva legislación no obstaculiza la producción de nuez, sino que exige que ésta se realice bajo el pleno respeto a los derechos humanos y con la equidad económica y social que la región ha reclamado por décadas.
Por todo esto, puede afirmarse que el conflicto en el DR-005 no es sólo técnico ni jurídico: es histórico, político y profundamente desigual. La reforma no busca destruir patrimonios ni castigar a productores honrados, sino regular el agua de manera justa. Quienes protestan con más fuerza lo hacen porque temen que sus privilegios queden expuestos y que se frenen prácticas ilegales que por años alimentaron fortunas.
*Historiador
