Digámoslo sin ambages: para subsistir, todas las sociedades modernas requieren de intervenciones sistemáticas del Estado. Esta necesidad se cumple de diferentes maneras, porque si hay algo idiosincrático en la civilización capitalista, es la variedad de conformaciones y configuraciones estatales. De aquí la imposibilidad de contar con trazos únicos que lleven a la revolución o las reformas, así como a la democracia misma que insistimos en ver como única, aunque obviamente no lo sea.
Diseñar el Estado y desde ahí desplegar formas diversas pero eficaces de intervención política, en y sobre la economía, ha sido menester inseparable de las evoluciones capitalistas, resultando una constelación de experiencias que no pocos suelen ver como recetario de usos múltiples. En sus extremos, esas formas de ser del capitalismo han llegado a plantearse como soluciones únicas, finales la revolución total bolchevique y la revolución imaginada para abatir a los estados y entronizar a los mercados como fuente única de los criterios de evaluación y de las propias alternativas que los países se ven obligados a buscar o inventar cuando su majestad el mercado falla por todos sus ángulos y se muestra incapaz de articular buenos desempeños económicos.
El mercado, bien lo sabían los economistas clásicos, permite asignar de manera eficiente los recursos escasos, genera incentivos para que los individuos maximicen sus utilidades, pero no está en sus “genes operativos” propiciar la equidad, establecer pautas de cuidado y protección al medio ambiente ni tampoco regularse por sí mismo de una manera eficiente. No por casualidad pensadores grandes como Karl Polanyi han señalado con claridad sus limitaciones:
“La idea de un mercado que se regula a sí mismo es una idea puramente utópica. Una institución como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad”. (Cfr. La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica).
De pionero del libre mercado, coronado con todo un tratado trilateral para darle sustentabilidad al propio mercado y sus intercambios, México pasó al no crecimiento y a la explosión de la informalidad laboral, a una perspectiva ominosa de estancamiento económico y exacerbación de los conflictos sociales precipitados o articulados por organizaciones criminales con enorme capacidad de fuego y disposición de recursos financieros.
Suma de negatividades e insuficiencias que debería ser suficiente para inducir en los grupos dirigentes del Estado y la economía una reflexión dirigida a imaginar y adoptar formas de conducción de la economía que auspicien el cambio renovado de sus estructuras. Es decir, habría que exigir la adopción de nuevas combinaciones entre la política y la economía para dar legitimidad e impulso a una política económica realmente capaz de sustentar un bienestar que no puede ser más la reproducción “simple” de la supervivencia y la resignación.
Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no imaginó el daño que hacía a la política al presumir, como uno de sus logros principales, la “separación” de la economía de la política, cuando de lo que se trata es de ir encontrando los equilibrios y adecuaciones que requieren las realidades cambiantes; combinatorias ciertamente difíciles de lograr, que no se alcanzan con políticas de microcompensación social y transferencias monetarias mínimas, sino con el permanente diseño y despliegue de amplias políticas para el empleo formal y productivo.
La numerología de nuestros dilemas y paradojas está disponible gracias a la eficacia y seriedad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y mal haría el gobierno si se empeña en despreciar dicha información o, peor, en negar nuestro mal crecimiento –con tendencias al estancamiento– o “no advertir” los altos porcentajes de pobreza laboral. “En México, 34.3 por ciento de la población (alrededor de 44.9 millones de personas) se encontraron en situación de pobreza laboral en el tercer trimestre del año (…) Con ese resultado, la pobreza laboral en el país (…) aún está 0.4 unidades por arriba de la tasa de 33.9 por ciento de los primeros tres meses de 2025”. (Rubén Migueles, El Universal, 28/11/25).
De aquí la insistencia: la economía tiene que crecer, dar lugar a un desarrollo socialmente sostenible, con criterios no sólo de equidad sino de justicia social; hacer caminar juntas política y economía utilizando la democracia como marco insustituible de nuestros intercambios.
