Ciudad de México. La ministra Loretta Ortiz Ahlf confirmó que el Pleno de ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no discutir la prisión preventiva oficiosa, al considerarlo “suicida” por la falta de consenso y diagnóstico de consecuencias, como abrirle la puerta a miles de personas detenidas. La tarea quedará a la siguiente integración, que inicia funciones el 1 de septiembre. 

En un breve encuentro con medios, desde su oficina en el tercer piso de la Corte, calificó de “muy ilusorio” el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat -que propone replantear dicha figura penal para ser justificada-, pues implicaría un cambio constitucional que, dijo, solo compete al constituyente. Propuso que los legisladores reformen la ley para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, que declaró inconvencionales la prisión preventiva y el arraigo. 

“Se decidió, lo decidimos en pleno, no resolverla en esta conformación porque había muchas diferencias de criterios, o sea, era suicida enfrentarnos ahorita, someter a la prisión preventiva oficiosa cuando no había los consensos entre los integrantes de la Corte”, dijo. 

En la Corte hay dos proyectos sobre el tema. El primero, de Jorge Mario Pardo Rebolledo, propone eliminar la prisión preventiva automática y el arraigo, en cumplimiento de la sentencia de la CoIDH. Loretta Ortiz señaló que hay posturas divididas, pues aunque la figura está prevista en el artículo 19 constitucional, resulta inconvencional conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El segundo proyecto es de Margarita Ríos Farjat, del cual dijo que era “ilusorio” porque necesariamente implicaría un cambio constitucional y le abriría la puerta a miles de personas detenidas. 

“El problema que tiene es el siguiente: es muy ilusorio que podamos hacer lo que propone y lo voy a decir con toda franqueza, todo está en la garantía constitucional 14 de no aplicación retroactiva. Entonces, al momento de entrar en vigor, más salvo cuando es en beneficio de la persona, entonces, ¿qué sería? Todos los que entraron con prisión preventiva oficiosa, si se admite esta acción de inconstitucionalidad, saldrían, sin poder tener control de nada”, dijo.

Señaló que México debe acatar la sentencia de la Corte Interamericana y que la tarea corresponde también al Legislativo, el cual, en una reforma, debe incluir reglas transitorias para evitar liberaciones automáticas y sobrecarga en los juzgados. Lo ideal, dijo, es que el constituyente modifique el artículo 19 para acotar delitos y convertir la prisión preventiva de oficiosa a justificada, conforme a estándares internacionales.

“Tiene que pensarse, pero a cuidado. Yo no estoy diciendo que tenga que cambiar esto, pero tiene que ser, nosotros no podemos legislar, no tenemos la facultad de legislar. Yo puedo decir, que es inconstitucional, pero yo no puedo legislar”, expuso.

Hoy, la Corte publicó la lista preliminar de la sesión extraordinaria del 19 de agosto, sin incluir los proyectos sobre sobre prisión preventiva y con un solo asunto electoral.