El 12 de mayo de 2018, AMLO presentó los 10 compromisos por la educación en México del Movimiento de Regeneración Nacional (https://bit.ly/3moSHCg), en los que se planteó “fortalecer la educación pública gratuita y de calidad” (compromiso 1), así como “fortalecer a las Escuelas Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para actualizar los métodos de enseñanza, aprendizaje y mejorar la calidad de la educación” (compromiso 5), además de promover la “(…) Democracia como forma de vida y de gobierno. Como forma de vida significa democracia en la familia, en la comunidad, en el sindicato, en la escuela y en el país” (compromiso 8). Es decir, fortalecer la educación pública y la democracia social (Bobbio) en México.
Desde esta perspectiva, y con el fin de fortalecer la educación nacional y la democracia universitaria en el país, la comunidad de la UPN (con larga tradición de luchas democráticas) organizó el Congreso Nacional Universitario (CNU) –de 2019 a 2021–, con base en la democracia participativa (no por delegados), de manera virtual y con una amplia participación de todos los sectores universitarios (instaurando una forma de organización innovadora en la historia de los congresos universitarios en México).
La agenda del CNU (producto de una consulta nacional) consistió en tres ejes temáticos: 1. “Diagnóstico de la situación, los retos y posibilidades del desarrollo del proyecto de la UPN en el horizonte inmediato y mediato”; 2. “Modelo educativo y Proyecto académico, con su Misión y Visión o elementos centrales constitutivos que acompañen la transformación de la educación en todos los niveles escolares del país” y 3. “Figura Jurídica, Estructura Organizacional y Condiciones Institucionales” (ver página oficial del CNU en: https://congreso.upnvirtual.edu.mx/), a ser tratados en dos etapas, dada su complejidad y la urgencia de fortalecer y transformar a la UPN (en situación crítica, generada por 35 años de políticas neoliberales).
Los múltiples resultados del CNU, tras largas y arduas jornadas colectivas de trabajo localesestatales-regionales-nacionales (con miles de horas invertidas por la comunidad universitaria) celebradas en 2020-2021 –videos disponibles en las páginas oficiales del CNU y la UPN–, están contenidos en el documento Consensos y disensos del Congreso Nacional Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional (disponible en: https://bit.ly/3E0WrBE) –entregados a la SEP y a la Comisión de Educación del Senado a fines de 2021–.
Entre los resultados destacan: la visibilización de la multicrisis (académica, financiera, tecnológica, laboral, organizacional, etcétera) estructural de la universidad y la necesidad de su fortalecimiento para superarla, la exigencia de restaurar el carácter nacional de la UPN y su democratización, el otorgamiento de la autonomía por ley a la UPN como vía para resolver sus grandes problemas, el fortalecimiento y renovación democrática de su proyecto académico, la indispensable homologación gradual de las condiciones de estudio y de trabajo en todas las unidades de la institución.
Paralelamente al desarrollo del CNU, se elaboró la nueva Ley General de Educación Superior (LGES) – promulgada el 20/04/2021–, la cual regula a estas instituciones , y que en su artículo 21º transitorio establece que la UPN podrá “modificar su naturaleza jurídica” para fortalecerse institucionalmente, razón por la cual los resultados del CNU fueron entregados al Senado para la elaboración de la Ley Orgánica de la UPN Autónoma de México.
Sin embargo, si bien la comunidad universitaria cumplió en tiempo y forma con la organización de la primera etapa del CNU con un gran compromiso institucional y responsabilidad social, el Estado no cumplió con su parte, al congelar en el Senado el proyecto de ley orgánica de la UPN –como lo mandata el 21º transitorio de la LGES–, retrasando su promulgación hasta hoy.
Las autoridades universitarias (nombradas por poderes externos, no por la comunidad), tampoco cumplieron con su responsabilidad, al no acatar ninguno de los acuerdos tomados en el CNU –tal y como ocurrió en la UNAM e IPN en el pasado, durante el régimen del Prian–, a pesar de que era su obligación ética y legal hacerlo.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, a pesar de los múltiples llamados de todos los sectores de la comunidad universitaria, la UPN tampoco parece ser una prioridad, a pesar de sus aportaciones a la educación.
Conclusión: por una decisión burocrática-autoritaria errónea, hasta ahora, la UPN (actualmente con 80 mil 735 estudiantes –64 mil 78 mujeres–, 4 mil 739 docentes y mil 700 trabajadores administrativos aproximadamente) está siendo excluida de la 4T –a siete años de haber iniciado–, con todo lo que ello implica. (Nuestra solidaridad con los movimientos estudiantiles y de trabajadores de la UPN: solución a sus legítimas demandas).
*Profesor-investigador de la UPN
