Ciudad de México. Daniel García, cuyo caso motivó la histórica sentencia García Rodríguez y otro vs. México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoDIH)—que declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa y el arraigo—, acudió este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Quería presenciar la última sesión del actual Pleno y exigir que se discutiera el proyecto relacionado con su expediente, pendiente de resolución desde hace año y medio. No pudo hacerlo: el acceso le fue negado.

Hasta la semana pasada, el expediente 3/2023 —proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo— ocupaba el lugar 16 en la lista de asuntos a discutir. Ayer fue relegado al sitio 154, el penúltimo, después de que la Corte priorizó la revisión de 138 recursos de inconformidad electoral.

De no discutirse el proyecto, la SCJN, actualmente encabezada por Norma Piña Hernández, se despediría con la omisión de acatar, en lo que compete al Poder Judicial de la Federación (PJF), la sentencia de la CoIDH, dejando la tarea a la siguiente integración del Pleno, que inicia funciones el 1 de septiembre, aun cuando hasta el año pasado había 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, según datos del INEGI.

“La sentencia de la Corte Interamericana va para tres años de que fuera dictada, ordenada al Estado mexicano, es un tema que nos atañe a los mexicanos de manera preferente porque la prisión preventiva oficiosa no se aplica en ninguna parte del mundo y en México es automática”, dijo Daniel García a La Jornada, afuera de la sede del máximo tribunal.

García pasó 17 años y medio en prisión preventiva oficiosa, acusado del delito de homicidio calificado de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, ocurrido el 5 de septiembre de 2001. Posteriormente fue sentenciado a 35 años de cárcel, decisión que impugnó ante la SCJN y que también quedaría pendiente de revisión por la actual Corte.

Afirma que fue víctima de una fabricación de delitos en el Estado de México durante los gobiernos de Arturo Montiel y Alfonso Navarrete Prida, cuando, junto con familiares y otras personas, fue arraigado y encarcelado por cargos que, con el tiempo, fueron absueltos para todos, excepto para él. García Rodríguez salió de prisión después de que organismos internacionales como la ONU y la CIDH denunciaran su detención arbitraria y tortura. Ahora busca que la Suprema Corte discuta el proyecto vinculado a su caso, que lleva un año y medio en lista de asuntos.

El abogado de Daniel, Simón Hernández León, señaló que el tema de la prisión preventiva oficiosa se politizó en México, aunque eso no justifica la omisión de la Corte en cumplir la sentencia de la CoIDH.

“Para nosotros es un tema del cumplimiento de una cosa juzgada internacional. Hay una sentencia, condena al Estado mexicano y eso ya no es susceptible de ser interpretado. Desafortunadamente, en el contexto de confrontación entre la presidencia de la República y el PJF, este tema quedó en medio”, apuntó.

El también coordinador de la Licenciatura en Derecho y la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla agregó que sería lamentable que la actual integración del Pleno de la Corte no cierre “con broche de oro” su periodo.

“Sería muy lamentable que la Corte no tuviera la estatura, la responsabilidad histórica, de asumir un tema tan delicado, tan trascendente para miles de personas. Hoy 40 mil personas están en prisión preventiva oficiosa sin sentencia”, dijo.

Afirmó que previamente solicitaron formalmente a la Corte el acceso a la sesión, pero no recibieron respuesta. La negativa se confirmó al llegar a la puerta del máximo tribunal del país, donde no les permitieron la entrada.