Madrid. El cerco judicial contra dos de los colaboradores más estrechos del actual presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se estrecha. Sus dos ex secretarios de organización del partido, uno de ellos además ex ministro de Fomento y el otro el elegido para negociar con el independentismo catalán y vasco su propia investidura, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están más que nunca bajo la lupa de unas exhaustivas investigaciones policiales que les señalan como los muñidores de una trama de corrupción política y empresarial.
El mismo día, pero con un par de horas de diferencia, se anunciaron dos noticias importantes: la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez una pena de 24 años de cárcel para el ex ministro y todavía diputado independiente José Luis Ábalos, acusado por la compra de material sanitario durante la pandemia e imputado por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el Tribunal Supremo. El fiscal le atribuye, además, un quinto delito de uso de información privilegiada.
En su escrito, el fiscal Alejandro Luzón advierte que “a lo largo de la instrucción de la presente causa especial, Víctor Gonzalo de Aldama ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales, detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales realizadas siempre con el mismo objetivo”. Y esta es tan sólo una de las causas que tiene abiertas Ábalos, quien paradójicamente fue el responsable de darle la réplica por parte de su partido a Pedro Sánchez cuando fue aupado al poder durante la moción de censura contra el ex presidente derechista Mariano Rajoy, repudiado precisamente por los numerosos casos de corrupción en su partido.
La segunda noticia que compromete al actual Ejecutivo la dio el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que anunció la libertad condicional de Santos Cerdán después de haber pasado 142 días en prisión y ante la reducción del “riesgo” de que se produjera una destrucción de pruebas por parte del acusado. Esta medida viene precedida por la judicialización de un informe policial en el que se aportan numerosas pruebas, incluidas grabaciones y documentos, en los que se señala a Cerdán como el cabecilla de una red de corrupción por la que habría desfalcada al erario público casi siete millones de euros en los últimos años. Cerdán se encontraba preso en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real y está imputado de los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias tras el presunto amaño de obras públicas.
Ambos dirigentes políticos, Ábalos y Cerdán, han sido los hombres de máxima confianza en distintas etapas de su gobierno del presidente Sánchez, quien hoy mismo en el Congreso de los Diputados declaró que su administración tiene “tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen (la derecha) cuando le afectan estos casos”.