León, Gto. Terminó la lucha legal entre el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y el gobierno del Estado de Guanajuato por la permanencia del fideicomiso para financiar obras de desarrollo social y de seguridad (Fidesseg) que manejaba una bolsa de mil 500 millones de pesos.
Los empresarios, fundaciones empresariales y organizaciones sociales llegaron a un acuerdo con la gobernadora panista Libia García Muñoz Ledo, para retirar todos los juicios de amparo que tramitaron para evitar la desaparición de Fidesseg.
“Se presentarán los desistimientos de los amparos interpuestos contra el decreto de extinción del anterior fideicomiso, lo que permitirá la inmediata implementación del nuevo modelo, reafirmando que nunca es tarde para construir consensos por el bien común”, difundió la mandataria en un comunicado.
Como parte de los acuerdos, el Estado asignará un presupuesto de mil 167 millones de pesos al programa “Tocando Corazones”, con el cual serán financiados proyectos de desarrollo social, de prevención a la violencia y la delincuencia. La convocatoria será publicada el 6 de agosto.
También serán asignados más de mil millones de pesos para fortalecer la seguridad, que serán manejados por la Secretaría de Seguridad y Paz.
“La transparencia no solo será un principio, sino una prioridad en cada etapa del modelo, desde la asignación de recursos hasta la evaluación de resultados”, enfatiza Libia García.
La gobernadora enviará al Congreso una iniciativa para financiar los proyectos con el 0.3 por ciento del impuesto sobre la nómina.
El 0.2 por ciento será para proyectos de desarrollo social, de prevención de la violencia y la delincuencia, a través de Tocando Corazones. El 0.1 por ciento será operado por la Secretaría de Seguridad y Paz para proyectos que mejoren la seguridad.
“El diálogo abierto y respetuoso nos ha permitido coincidir en una prioridad ineludible: que los apoyos lleguen cuanto antes a quienes más los necesitan”, resaltó la mandataria.
En el boletín enumera acciones que implementarán para garantizar la transparencia en la asignación de los recursos.
Por la falta de transparencia en el manejo del dinero, el 23 de octubre del 2024, la gobernadora publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto para la extinción del fideicomiso.
Posteriormente, el Congreso ordenó a la Auditoría Superior del Estado la aplicación de una revisión, donde se detectaron irregularidades por 250 millones de pesos, de los cuales deben ser regresados 170 millones.
Los empresarios tramitaron el juicio de amparo indirecto 1210/2024-VI y frenaron la desaparición del fideicomiso y, posteriormente, iniciaron otro amparo para parar el proceso de fiscalización.
