San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Jueza Primera de Distrito, Doris Yadira Ponce Figueroa, negó la suspensión provisional y definitiva que solicitaron los pueblos y comunidades indígenas para que se suspenda la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, que comenzó el 8 de junio, informaron abogados y agrupaciones que acompañan a los quejosos.
También dieron a conocer que 429 personas solidarias y 33 organizaciones de la sociedad civil y la academia de 25 países, expresaron su apoyo a las comunidades y pueblos originarios que se oponen a la construcción de la carretera.
Sobre el amparo, agregaron que la jueza “argumentó que las personas quejosas no probaron la omisión reclamada, sin estudiar el fondo, ni contemplar que la naturaleza de la omisión de brindar información es una carga probatoria que el gobierno debe desvirtuar, no las personas quejosas”.
Afirmaron que por ahora se encuentra suspendido el trámite “hasta que se resuelva un recurso de queja interpuesto por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas contra la admisión de la demanda” de amparo.
Dijeron que a la fecha se encuentra pendiente de resolver un recurso de revisión presentado por los quejosos contra la negativa de la suspensión definitiva del proyecto, recurso que será conocido por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Estado de Chiapas.
“Al momento, las decisiones de la Juzgadora de Distrito al negar la suspensión provisional y definitiva, deja en un estado de indefensión a las comunidades indígenas, pues permite que la carretera continúe su curso sin que las personas afectadas tengan información certera y adecuada sobre detalles del proyecto y el impacto que ocasionará en los territorios y en su cultura”, señalaron.
Aseguraron que “esto representa un daño irreparable para el territorio y el medio ambiente, pues la Jueza de Distrito ha sido omisa en reconocer la relación que guarda el derecho de acceso a la información ambiental oportuna en procesos de consulta pública y la destrucción ambiental”.
Manifestaron que “el Juzgado sobreseyó el amparo sin entrar al estudio del fondo, porque consideró que el decreto por el cual el Ejecutivo del Estado establece lineamientos para realizar consultas sobre megaproyectos no violaba por sí misma los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.
Añadieron que la jueza segunda de distrito, Ana Luis Mendoza Álvarez, responsable de atender el amparo sobre los lineamientos “no tomó en cuenta los argumentos de que dicho decreto no contempla los estándares de derechos humanos sobre el derecho a la consulta indígena. Que la decisión a mano alzada por personas ajenas a las comunidades afectadas, sin información, ni jornadas de diálogo no es considerar la voz de los pueblos”.
Subrayaron que “el sobreseimiento del amparo representa el desperdicio de una oportunidad del Juzgado de establecer criterios judiciales novedosos e importantes sobre el derecho al desarrollo y a la libre determinación desde la perspectiva de los pueblos y comunidades indígenas: ¿Es desarrollo para ellas y ellos una autopista? ¿O quizá quieran y necesiten otras obras de infraestructura como escuelas u hospitales en sus territorios? ¿Les preguntaron?”
Los abogados y agrupaciones informantes también dieron a conocer que 429 personas solidarias y 33 organizaciones de la sociedad civil y la academia de 25 países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Argentina y Brasil, se unieron a la Declaratoria de territorios libres de megaproyectos, firmada 12 mil 516 personas de pueblos originarios de los municipios que serán afectados por la autopista.
“Las 429 personas y 33 organizaciones firmaron la declaratoria en respuesta a una serie de omisiones por parte del gobierno estatal que encabeza Eduardo Ramírez sobre el proceso de consulta pública y en la publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental. Dijeron respaldar ‘plenamente las acciones y mecanismos de los pueblos de Chiapas para proteger lo que les pertenece’”.
Además, “exigieron al gobierno estatal y federal que se respete el derecho a la libre determinación, a la información mediante una consulta libre, previa y culturalmente adecuada, así como a detener la criminalización y violencia contra defensores de derechos humanos ambientales y territoriales”.
