Con gran rapidez se aprobó ayer en comisiones del Senado la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional (GN) y de inmediato se turnó a la mesa directiva, donde quedó en primera lectura.

La intención es que esa legislación, que reglamenta la operación de la Guardia Nacional, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, se vote en el pleno senatorial este domingo, dentro del periodo extraordinario de sesiones.

Al presentar el dictamen, el senador del PVEM Luis Alfonso Silva Ramos expuso que se trata de una restructuración legislativa para fortalecer a la GN en su lucha contra el crimen organizado. Una fuerza armada federalizada que opera con protocolos militares, inteligencia centralizada y logística superior, asegurando así una Guardia Nacional que sea capaz de mantenerse a los estándares internacionales y cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Expuso que la minuta que les remitieron de la Cámara de Diputados modifica diversas leyes, a fin de establecer “los mecanismos de disciplina y control interno, evitando impunidad dentro de sus filas mediante un sistema claro de sanciones y vigilancia.

Se garantiza continuidad presupuestal y administrativa, y se incentiva el crecimiento profesional mediante una estructura de ascensos, pensiones, prestaciones y servicios homologados con el Ejército, lo que se traduce sin duda en una seguridad para las familias de los elementos de la Guardia Nacional.

Se perfecciona la GN, sostuvo, ya que actuará bajo los principios de legalidad, con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Se incentiva el crecimiento profesional de sus integrantes, se fortalecen sus derechos laborales, pero también se establece un régimen duro, disciplinado y de control para toda falta en el ejercicio de la función policial.

Senadores de oposición insistieron en que se avanza en la militarización del país y se manifestaron en contra de que la GN realice operaciones encubiertas y uso de identidades simuladas como parte de tareas de investigación preventiva del delito.

Asimismo, consideraron un riesgo la facultad de la corporación de solicitar bajo conducción del Ministerio Público y con autorización judicial la intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real de equipos móviles para fines de prevención del delito.