En el contexto de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad señaló que aunque los avances en materia de igualdad de género, persisten vulneraciones a las vidas y los derechos de niñas y mujeres, y en ciertos casos incluso algunos retrocesos.  

En en este último aspecto señala su preocupación por los feminicidios y las investigaciones deficientes, el escaso acceso efectivo al aborto y la “creciente militarización del país”, entre otros aspectos. Sobre este tema resalta que “las fuerzas armadas han asumido funciones civiles en materia de seguridad ciudadana, migración y megaproyectos” con lo que se vulnera la seguridad de las mujeres y niñas. 

La alianza, formada por 21 organizaciones civiles de México, entre ellas el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Amnistía Internacional, Letra S e I(dh)eas, denuncia la existencia de una política de desgaste establecida por el Instituto Nacional de Migración (INM), que detiene y traslada forzadamente a mujeres y niñas migrantes hacia el sur del país y advierte que las recomendaciones del Comité y de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), que prohíben detenciones migratorias mayores a 36 horas, declaran inconstitucionales las revisiones en carretera y ordenan un registro público de personas migrantes detenidas, siguen sin cumplirse. 

Asimismo, subraya que en el país persisten obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas, trans y privadas de la libertad, quienes enfrentan discriminación interseccional, sustitución de la voluntad, condiciones de reclusión inadecuadas y obstáculos para su reinserción social. 

“Nos preocupa especialmente la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, en contra de las recomendaciones internacionales, que ha tenido efectos desproporcionados sobre las mujeres y ha ampliado la brecha de género en su aplicación”. 

En torno al acceso al aborto, indica que hay preocupación, porque este procedimiento sigue siendo penalizado en nueve estados, y en aquellos donde se permite durante el primer trimestre, su penalización posterior a ese plazo sigue vigente. 

“Este modelo parcial de despenalización no ha eliminado la criminalización de las personas que deciden interrumpir sus embarazos”.  

También expone que se requiere un cambio de paradigma y considerar estándares internacionales de derechos humanos para atender la violencia sexual, mismos que reconocen el consentimiento como libre, informado y sin coerción, eliminando la exigencia de resistencia física y el delito de estupro. 

Sostiene que en diversas entidades y a nivel federal persiste la ausencia de políticas efectivas para eliminar la violencia por razón de género, en particular las desapariciones, la trata de personas y los feminicidios. “La desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es un fenómeno generalizado en todo el país, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado, como Guerrero, y en puntos estratégicos de trata, como el estado de México”. 

La situación de feminicidios en México sigue siendo alarmante. “Las organizaciones hemos documentado deficiencias en las investigaciones, en ocasiones precedidas por desapariciones, porque se pierden evidencias y no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación. Tampoco se aplica adecuadamente la perspectiva de género. La mayoría de los casos quedan en impunidad”. 

También señala que “el Estado ha sido omiso en la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, que suman más de 129 mil”. En su mayoría mujeres, quienes realizan la búsqueda, enfrentando todo tipo de riesgos, desde agresiones por parte del Estado y el crimen organizado, hasta su asesinato y afectaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. 

La Alianza lamenta que los homicidios de mujeres trans no se reconozcan como transfeminicidios.

“Trabajadoras sexuales y defensoras trans son asesinadas en espacios públicos incluso por el crimen organizado, y mujeres lesbianas enfrentan violencia correctiva que intenta cambiar su orientación sexual. Sin embargo, la falta de datos desglosados sobre estas violencias dificulta su prevención”. 

En el caso de las mujeres jornaleras agrícolas migrantes, asevera que éstas viven una triple exclusión: por ser mujeres trabajadoras del campo, por ser mayoritariamente indígenas y por su situación  de movilidad. Aun cuando desempeñan un rol esencial en la producción de alimentos y la sostenibilidad de la vida, enfrentan salarios precarios, falta de seguridad social y condiciones que vulneran sus derechos más básicos, como la gestión digna de la menstruación.  

Adicionalmente, las agrupaciones destacan que a pesar de reformas recientes y la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la normativa laboral en México sigue siendo insuficiente para proteger plenamente los derechos de las mujeres en toda su diversidad. No aborda las desigualdades interseccionales ni garantiza la responsabilidad de la parte patronal frente a la brecha salarial de género. 

Además, las políticas de permiso parental son desiguales e insuficientes y la inspección laboral carece del suficiente financiamiento y personal suficientes. 

Urge a transversalizar un enfoque interseccional en todos los programas, reconociendo que las mujeres indígenas y afro con discapacidad enfrentan realidades diferentes y requieren de medidas específicas y mecanismos de monitoreo liderados por ellas y subraya que sin justicia fiscal no hay igualdad sustantiva. 

“México tiene un sistema tributario que recauda poco y de forma desigual. A su vez, los actuales mecanismos de asignación y transparencia presupuestaria carecen de criterios claros para promover la igualdad de género. Es imperativo fortalecer los mecanismos para la igualdad de género en todo el país, evitando la eliminación de programas o la reducción de recursos para la igualdad sustantiva. 

"Se requiere asegurar presupuestos crecientes y sostenibles para la prevención, atención, erradicación, sanción y reparación de las violencias contra mujeres y niñas. Para ello, se requiere garantizar una reforma al sistema tributario que no discrimine directa, ni indirectamente y que, por el contrario, sirva para promover la igualdad. Más impuestos a los que más tienen, más recursos públicos para las que menos tienen. 

Ante las situaciones descritas solicitan a la Cedaw que recomiende a México garantizar la vida e integridad de todas las mujeres, reconociendo y protegiendo especialmente a las defensoras de derechos humanos y a las buscadoras de personas desaparecidas, reconociendo que también son defensoras de derechos humanos. 

Asó como establecer controles civiles efectivos sobre las fuerzas armadas, a través del establecimiento de protocolos con enfoque interseccional y de género en todas las instituciones castrenses para prevenir actos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada y otras violaciones. Eliminar prácticas discriminatorias en la justicia, como la prisión preventiva oficiosa y derogar de inmediato leyes que criminalizan el aborto. También, eliminar el delito de estupro de los códigos penales y no exigir resistencia física en casos de violencia sexual. 

Promulgar reformas para garantizar empleos dignos para todas las mujeres. Promover políticas públicas para fortalecer la investigación, cooperación interinstitucional y prácticas forenses para abordar las desapariciones y trata de mujeres. 

Impulsar políticas fiscales que protejan el presupuesto para la igualdad, evitando retrocesos, mejorando su asignación y supervisión. Además, solicitamos respetuosamente al Comité reafirmar y fortalecer una postura inclusiva hacia la diversidad, especialmente en la protección contra la discriminación por identidad de género y hacia las mujeres trans. 

Realizar medidas concretas en contra de la impunidad en casos de feminicidios y efectuar investigaciones exhaustivas, con enfoque de género e identificación de patrones de violencia, así como garantizar la reparación integral del daño para familiares de víctimas.