Ciudad de México. En el contexto del Día mundial del medio ambiente, Itzel Arteaga, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), exhortó este jueves a las autoridades a crear políticas públicas de seguridad para los defensores de los ecosistemas y la tierra, apegados al Acuerdo de Escazú, ya que en el país fueron asesinados 25 el año pasado en el cumplimiento de su labor.
Con base en las investigaciones del Cemda, Arteaga apuntó que la mayor parte de las 236 agresiones registradas en 2024 están relacionadas con la defensa del territorio ante la imposición de proyectos de desarrollo, “de los cuales no fueron informados y no les garantizaron participación en ellos”. “Nosotros creemos que el acuerdo de Escazú puede significar un cambio para el país, y estas agresiones dejen de ocurrir”, comentó, al señalar que el gobierno mexicano debe ser responsable al ser firmante del tratado.
Con la finalidad de crear entornos seguros, explicó que este tratado internacional atribuye principios jurídicos a los defensores ambientales, como la igualdad y no discriminación, transparencia en información y rendición de cuentas, la no regresión, el principio precautorio, la máxima publicidad, la igualdad soberana de los Estados y el principio "pro persona".
“Para cumplir con el acuerdo, es un asunto multifactorial, donde el Estado debe de estar muy consciente de la situación en la que nos encontramos en México, y las personas defensoras en particular”, señaló durante el conversatorio Territorios, resistencias y Escazú – Voces defensoras en el Día internacional del medio ambiente.
Comentó que las instituciones oficiales pueden basarse en información existente y especializada para crear los planes, como hojas de ruta, planes de seguimiento, programas de evaluación para garantizar el cumplimiento de protocolos y esquemas de coordinación institucional, entre otros puntos.
Apuntó que se debe detener la estigmatización de los ambientalistas desde el gobierno, donde son considerados como seudoambientalistas y opositores al desarrollo del país, como parte de la sensibilización en todos los niveles de gobierno sobre esta problemática.
A su vez, Mario Quintero, miembro de la asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, destacó que desde 2011 la organización es beneficiada por el mecanismo de seguridad y desde entonces luchan para que el programa ejerza su función seguridad, debido a que su labor ha sido defender y asesorar a las personas afectadas por los megaproyectos en Oaxaca.
Ante esta problemática, Gabriela Cervantes, del Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, resaltó que se debe crear un mapa de zonas ambientales dañadas y una lista general de los defensores del territorio, derechos humanos y cuestiones ambientales para tener acceder a la justicia.
Carmen Guillén Méndez, Consejo vecinal colonia 5 de mayo, expuso que se les han negado los derechos de protección, porque por su lucha en defensa de sus territorios y las zonas naturales, especialmente en Chiapas, y no son tomados en cuenta por ninguno de los niveles de gobierno del país.
