Ciudad de México. El aumento de impuestos al tabaco es la medida más costo efectiva para su control. “Si sube el precio del producto 10 por ciento, el consumo bajará aproximadamente 4.24 por ciento, aseguró Jonathan Hernández, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En conferencia de prensa por el Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo), integrantes de las agrupaciones Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud y Servicios a la Juventud (Seraj) señalaron que “es fundamental que la perspectiva de juventudes se incorpore de manera activa en la política pública actual que busca poner fin a la epidemia de tabaquismo en México”.
En el lanzamiento de la campaña Pulmones bajo presión, impuestos con intención, América Villanueva precisó que “expresamos nuestro respaldo al aumento de impuestos como la medida costo efectiva más importante para el control del tabaco”.
“Queremos visibilizar que las juventudes no solo somos un grupo demográfico afectado por las estrategias de la industria tabacalera, también nos enfrentamos a entornos que normalizan su consumo a la facilidad de acceso que tenemos a ellos desde edades muy tempranas incluirnos en la toma de decisiones. Es súper importante y es una necesidad de estratégica para lograr cambios sostenibles en la salud pública”.
Destacó que las políticas que no consideran a las juventudes “suelen fracasar, porque no responden a nuestras necesidades, experiencias y formas de ver la vida”.
Hugo Cruz añadió que “los datos no mienten, la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos revela que en México se comienza a fumar entre los 17 y los 20 años, y en el caso de los hombres, incluso antes”.
Asimismo, datos de la Universidad Autónoma de Nuevo León reportan que 684 mil adolescentes entre 12 y 17 años son fumadores, y que en la juventud de entre 19 y 24 años la cifra se multiplica por seis.
Dijeron que como personas jóvenes rechazan “la normalización del consumo de tabaco y nicotina en la niñez, adolescencias y juventudes derivadas de las estrategias de la industria tabacalera”.
Además, solicitaron a las personas tomadoras de decisiones que garanticen la aplicación de la normativa libre de conflicto de interés para proteger los derechos de la niñez, adolescencias y juventudes.