Ciudad de México. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, desechó este miércoles la solicitud de Daniel García Rodríguez —actor central del caso García Rodríguez y otro vs. México— para apartar a la ministra Yasmín Esquivel Mossa de la revisión de la sentencia de 35 años de prisión que enfrenta por feminicidio, al argumentar que en 2022 la togada se pronunció públicamente sobre su caso “de manera parcial, subjetiva y con un prejuicio sobre lo que a su juicio constituye nuestra responsabilidad penal”.

Aguilar Ortiz consideró que la petición no cumplió los requisitos legales, aunque el interesado podrá volver a presentarla.

"Del análisis del escrito que dio lugar a formar y registrar el presente asunto, se advierte que no se satisface el primer requisito exigido en el citado artículo 59 de la Ley de Amparo, ya que si bien narran los hechos en que se funda la recusación, omiten manifestar que lo hacen ‘bajo protesta de decir verdad’. Por otra parte, no se acompaña el billete de depósito a que se refiere el precepto recién transcrito, ni se advierte que los promoventes hayan informado ser insolventes”, señala el acuerdo de la Corte publicado este 15 de octubre.

Daniel García fue arraigado y pasó 17 años y medio en prisión preventiva oficiosa, acusado junto a Reyes Alpízar Ortiz del homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, ocurrido en 2001. El caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en enero de 2023 emitió una sentencia que obliga al Estado mexicano a inaplicar ambas figuras penales y a la reparación del daño a favor de ambas personas.

En su defensa, García Rodríguez acusó que fue víctima de fabricación de delitos por el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas. Sin embargo, fue sentenciado a 35 años de cárcel, fallo que impugnó y que está pendiente de resolución en la Corte, bajo la ponencia de Esquivel Mossa, en el amparo directo en revisión 5/2025.

Sin embargo, el pasado 9 de octubre, Daniel García y su abogado, Simón Hernández León, acudieron al máximo tribunal del país para presentar la solicitud de impedimento, también firmada Reyes Alpízar, en la que piden a la ministra Yasmín Esquivel apartarse como ponente de su amparo y abstenerse de votar el fondo del asunto, “por no reunir las condiciones de imparcialidad y objetividad”.

En su escrito argumentaron que durante la Feria Internacional del Libro de 2022, en la que se refirió a ellos como “estos angelitos estuvieron 16 años en prisión”, y considerarlos responsables de “este feminicidio que los mantuvo tanto tiempo, afortunadamente, en prisión”.

También citaron otra frase de Esquivel: “Es muy fácil perder la memoria y decir ‘pobrecitos’... pero fueron 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia... hoy están en libertad exigiendo un pago al Estado mexicano”.

Junto al impedimento contra Esquivel Mossa, los mismos quejosos también promovieron otro contra la ministra María Estela Ríos González, para que no conozca del asunto que le fue turnado a su ponencia, el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023, dictada por la Corte IDH en 2023.

Argumentaron que Ríos González, como Consejera Jurídica de la Presidencia, en 2022 solicitó, junto al Secretario de Gobernación, “que la Suprema Corte mantuviera la prisión preventiva oficiosa, lo cual constituye prejuzgamiento”.