Ciudad de México. Más de 200 Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que declinaron a su candidatura para la elección judicial programada para el 1 de junio, solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asegure el pago de indemnizaciones contempladas para impartidores de justicia que renunciaron o solicitaron su pensión con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
En la petición conjunta presentada al CJF solicitaron que se individualice la cuantificación de las indemnizaciones constitucionales; se expidan las constancias de reconocimiento y se emita un listado completo de los juzgadoras que declinaron sus candidaturas para las elecciones judiciales
extraordinarias 2025 y 2027.
“El propósito es consolidar los montos que se deben cubrir por parte del gobierno de México como indemnización ante la prohibición que los juzgadores destituidos tienen de ejercer la profesión jurídica por dos años”.
En un comunicado, jubilados de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), señalaron que este acto está impulsado por la preocupación, porque el Estado de derecho sea respetado, “ya que los funcionarios morenistas, han realizado acciones para
apoderarse de los fondos que se destinarían a hacer los pagos correspondientes sin considerar el cumplimiento estricto al artículo Décimo Transitorio de la Reforma Judicial de 15 de septiembre de 2024”.
Recordaron que dicho artículo señala que las indemnizaciones deberían pagarse de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) “que ilegalmente” fueron trasferidos por Nacional Financiera a la Tesorería de la Federación, sin instrucción del CJF que fungía como fideicomitente, “violando los contratos respectivos, amén de que sobre ese tema se habían decretado varias suspensiones en diversos juicios de amparo que impedían hacer esa entrega”.
Subrayaron que el artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, incluyendo tres meses de salario integrado y 20 días por año trabajado, vacaciones y primas vacacionales. Sin embargo, alertaron sobre una acción que consideran cuestionable, relacionada con la disposición de fondos de fideicomisos que deberían utilizarse para cubrir estas indemnizaciones. Esta medida, afirmaron, pone en entredicho el respeto a la Constitución, el estado de derecho y los principios que inspiraron la reforma judicial.
Reiteraron que los magistrados y jueces federales fueron nombrados por el sistema de carrera judicial, cuentan con sólida experiencia y lograron tener cargos inamovibles después de estrictas evaluaciones por seis años consecutivos sin nota desfavorable. Manifestaron que se vieron forzados a dejar sus cargos, argumentando que la elección popular no es un mecanismo adecuado para la designación de juzgadores y la reforma desaparece otras garantías para el desempeño independiente de la judicatura.
