En medio de un inédito despliegue militar letal en el Caribe, que hace evocar la llamada crisis de los misiles de 1962, al que se sumará el portaviones de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford, la administración Trump parece decidida a consumar otra puesta en escena violenta de su añeja doctrina imperial, basada en la consigna neomonroísta América para Estados Unidos. Con su fría racionalidad geopolítica, detrás de esa reconfiguración estratégica que erige a la guerra híbrida como política de Estado –y busca restablecer el control hegemónico de EU sobre el petróleo y otros minerales críticos, las rutas comerciales y los gobiernos del hemisferio occidental bajo el disfraz de la seguridad nacional–, no se ocultan las políticas de “cambio de régimen” en Venezuela, Cuba y Colombia, sin descartar a México.
Como parte de ese proceso de reconcentración imperial, que exhibe la conjunción del Pentágono y la CIA como eje de poder autónomo que opera con mínima supervisión del Congreso, sin transparencia judicial y con una narrativa mediática cuidadosamente orquestada, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha venido desplegando una agresiva campaña diplomática contra Cuba signada en la calumnia, el chantaje y el bullying, en su afán de lograr votos y/o abstenciones de terceros países, cuando se someta a discusión mañana otro proyecto de resolución contra el bloqueo económico, comercial y diplomático a la mayor de las Antillas en la Asamblea General de la ONU.
Cuba presenta esta resolución desde 1992, y de manera ininterrumpida la Asamblea la ha aprobado con un respaldo casi unánime de la comunidad internacional, con la única excepción de Estados Unidos, Israel y algún aliado circunstancial. Esta vez, con un despliegue totalmente inusual, según un documento del Departamento de Estado fechado el 2 de octubre y filtrado a Reuters –cuya copia facsimilar fue mostrada a la prensa en La Habana por el canciller cubano Bruno Rodríguez el miércoles 22–, Rubio ordenó a los funcionarios de las embajadas estadunidenses coaccionar y ejercer presiones intimidatorias y engañosas, particularmente a gobiernos de América Latina y Europa, para que se opongan a la resolución, se abstengan o ausenten durante la votación, con el objetivo explícito de reducir de manera significativa los votos afirmativos en la ONU y evitar otra paliza diplomática cubana, como las que sufrió Trump en su primera administración.
Tal vez inspirado en la mitomanía de su jefe narcisista, Rubio –mentiroso compulsivo y sistemático como Trump, en lo que atañe a Cuba y Venezuela, y cómplice como él en el genocidio de Israel en Gaza– desplegó una estrategia de guerra cognitiva, que con eje en la manipulación perceptiva, la colonización emocional y la intoxicación desinformativa, buscó vincular el bloqueo con la guerra en Ucrania y presentar a la isla como amenaza para la paz regional. Para ello contó con el apoyo de otro halcón de la diplomacia de guerra de Washington: el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carone, ex asesor de Seguridad Nacional, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y defensor de duras sanciones contra Cuba. Además de sumar plataformas tóxicas de congresistas anticubanos de Florida, como Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart o María Elvira Salazar, que enviaron cartas adicionales en las que, con tono amenazante, se condicionó el voto a otros aspectos de la relación bilateral.
Junto con la acusación, sin ninguna prueba factual, de que entre mil y 5 mil cubanos combatirían junto a las fuerzas rusas en Ucrania, Rubio incluyó denuncias sin fundamento sobre la trata de personas por el gobierno isleño, que tiene como blanco a las brigadas médicas cubanas (BMC) en el exterior. A últimas fechas, Rubio intensificó las amenazas lanzadas el 13 de agosto por la administración Trump de suspender las visas estadunidenses a funcionarios de países donde existan convenios de colaboración médica con Cuba.
Para tales fines, con Mauricio Claver Carone y las misiones diplomáticas operando sobre el terreno, Rubio reforzó el proyecto subversivo ejecutado por una alianza (en gestación) contra el trabajo forzoso en misiones médicas cubanas, financiada inicialmente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EU, que tras su desactivación asumió directamente el Departamento de Estado. El principal asesor y coordinador de la alianza es el argentino Brian Schapira, consultor de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. La coalición está integrada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires; Cuba decide; el Gremio Médico Cubano Libre; Civil Rights Defender; el Frente Democrático de Concertación y las contrarrevolucionarias María Werlau, de Archivo Cuba, con base en Miami, y Daily Coro Bueno, médica desertora integrante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Además de presionar a gobiernos que, como el de México y varias islas del Caribe son receptores de BMC, las organizaciones de fachada han venido desarrollando una labor de influencia en naciones donde no existen las brigadas, para que incorporen la narrativa sobre la “esclavitud moderna”. La cancillería cubana sostiene una política de “tolerancia cero” contra la trata, el mercenarismo y la participación de nacionales en conflictos en el exterior.
Es contra esa ingeniería del desprestigio y la calumnia que Cuba se apresta a librar, estos días, otra batalla por la dignidad de su pueblo y los pueblos de América Latina y el Caribe.
