Madrid. Alrededor de 20 mil personas se manifestaron en las Islas Canarias contra el turismo masivo y degradante, que provocó, entre otros cosas, el encarecimiento sin tregua de la vivienda y la expulsión de los barrios de los vecinos autóctonos. El principal reclamo es que las autoridades públicas, tanto las centrales, presididas por el socialista Pedro Sánchez, como las autonómicas y municipales, pongan solución a esta problemática y se adopten cambios “urgentes” en las políticas públicas para combatir un fenómeno que se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos de los principales centros turísticos del archipiélago.
Las Islas Canarias es una de las regiones de España con los sueldos más bajos, con la tasa de desempleo más alta y con la mayor concentración de trabajos precarios del país, la mayoría de ellos vinculados directa o indirectamente con el turismo, que es a su vez su principal fuente de ingresos. De ahí que una parte de la población decidió salir de nuevo de las calles -en los últimos doce meses se han registrado hasta siete protestas masivas contra el turismo-, bajo el lema “Canarias tiene un límite” y en la que además instaron al presidente autonómico, Fernando Clavijo, del partido nacionalista Coalición Canaria (CC), a que escuche su reclamo. Las protestas se llevaron a cabo en los principales centros poblacionales de las islas: en Tenerife, la capital, se reunieron hasta 15 mil personas, seguida de Gran Canaria, con cinco mil; Lanzarote, con dos mil; La Palma, con 500; Fuerteventura, 150; La Gomera, con 100, y El Hierro, con 90.
Entre las consignas que se gritaron se escucharon frases como "Líderes en turismo y en pobreza: los esclavos de Europa”, “Es hora de despertarnos, nos jugamos el futuro de nuestra casa”, “Por un mar limpio, no más vertidos”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Helena Espinosa, vocera de la plataforma que convocó al protesta, explicó que su objetivo es “visibilizar la exigencia visibilizado de un cambio de modelo que agota y exprime. Siguen insistiendo en este turismo de masas, en esta fórmula que agota nuestros recursos y modo de vida”. Además apuntó que “no estamos en contra del turismo, estamos a favor de un modelo en el que se controle y mida la cantidad de turistas que somos capaces de recibir en unas islas ya colapsadas. Vamos por los 18 millones de turistas (al año) y parece que esto va a más. Seguimos con campañas, con ese llamamiento sin aforo y sin límite”.
Felipe Ravina, original de las Islas Canarias y documentalista, explicó por su parte que “estamos ya en 18 millones de turistas al año y en solo los últimos 20 años la población en el archipiélago, que viene de fuera, ha aumentado en 600 mil personas, y somos un territorio muy limitado que no puede sostener, ni por recursos ni por espacio, un aumento infinito de personas”.
Además exigieron una serie de reformas “urgentes”, como la paralización inmediata de proyectos destructivos y derribo de aquellos ya declarados ilegales, una moratoria hotelera y vacacional real, una Ley de Residencia e impulsar energías renovables sin perjuicio del medio ambiente del territorio.
MULTA EN IBIZA
En el marco del endurecimiento de las autoridades con la utilización de las viviendas como alojamiento turístico sin las debidas licencias, el ayuntamiento de Ibiza, una de las enclaves de las Islas Baleares con mayor número de turistas, decidió multar con más de medio millón de euros (12 millones 500 mil pesos) al dueño de dos casas que explotaban como alojamientos turísticos sin licencia. Los inmuebles fueron inspeccionadas a raíz de las denuncias anónimas interpuestas en agosto de 2024. Los técnicos municipales confirmaron que ambos estaban siendo destinados al alquiler vacacional de forma ilegal.
