Madrid. El acuerdo de compra-venta es claro: son 15 mil 300 balas del calibre 9 mm que entregará la empresa israelí Guardian LTD Israel a la Guardia Civil española previo pago de seis millones 642 mil 900 euros. Así lo decidió el ministerio del Interior y el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez a pesar de que en las últimas semanas y en varias ocasiones anunciaron que habían decidido suspender cualquier tipo de relación comercial con el Estado de Israel en materia de armas a raíz de la represión genocida emprendida en la franja de Gaza. Este nuevo viraje del mandatario español abrió una nueva crisis al interior del gobierno, con la advertencia de Sumar y de Izquierda Unida (IU) de abandonar la coalición.
El propio presidente Sánchez y la vocera del Ejecutivo, Pilar Alegría, anunciaron en varias ocasiones que ante la grave situación de vulneración de los derechos humanos en Gaza habían decidido suspender sus acuerdos de compra-venta de armas con empresas israelíes. Esta fue ademas una exigencia de los socios de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es decir de la coalición de izquierdas Sumar, que está integrada por varias formaciones políticas del conjunto del territorio, como Más Madrid, Compromís, Izquierda Unida (IU) y Podemos, si bien éste último decidió abandonar al grupo tras ser excluido del reparto de ministerios en el Ejecutivo.
Desde el ministerio del Interior, presidido por el ex juez Fernando Grande-Marlaska, se asegura que se decidió seguir adelante con la compra-venta porque el contrato ya estaba en una fase muy avanzada y era muy costoso para las arcas públicas dar marcha atrás de forma unilateral. Es decir, que la Abogacía del Estadodesaconsejó la rescisión en la fase de tramitación alcanzada, ya que hubiera supuesto pagar prácticamente íntegro el costo de la transacción y sin recibir a cambio las balas.
Sin embargo, según consta en el propio contrato, el acuerdo final se cerró el pasado 16 de abril, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, que fue la que formalizó la compra con la empresa israelí IMI SYSTEMS LTD -que figura como adjudicataria- y con la empresa israelí Guardian Homeland Security S.A. -que figura como representante- y que fueron adjudicatarias de dos de los tres lotes que se ofertaban. El primero, por cuatro millones 464 mil 900 euros para el suministro de balas 9x19 mm PB y el segundo, otros dos millones 178 mil euros para cartuchería 9x19 mm semiblindada. Y esto a pesar de que hace sólo seis meses, el propio ministerio del Interior anunció que “iniciaba el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí en cumplimiento de nuestro compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”.
Sumar, que el día anterior apoyó la decisión del Ejecutivo de incrementar el gasto público en Defensa, que ya superará el dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), tal y como exige la Alianza Atlántica, emitió un comunicado en el que advirtió que “esta adquisición supone una vulneración flagrante de los compromisos adquiridos en el seno del Gobierno y expresados públicamente el pasado 21 de octubre por el que se señalaba que las compras de armamento a Israel estaban suspendidas. La suspensión del comercio de armas con Israel no es sólo una medida justa en el contexto del genocidio que está sufriendo el pueblo Palestino, sino también en consonancia con los tratados internacional sobre Comercio de armas”. Mientras que IU, que cuenta con una ministra en el Ejecutivo, la de Infancia, Sira Rego, advirtió que valora la posibilidad de salir del gobierno si no hay marcha atrás.
