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Pedro Castillo se declara en huelga de hambre

La detención de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su arresto y en contra de quien tomó el mando, la que hasta entonces era su vicepresidenta, Dina Boluarte.
La detención de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su arresto y en contra de quien tomó el mando, la que hasta entonces era su vicepresidenta, Dina Boluarte. Foto Europa Press / Archivo
10 de marzo de 2025 13:08

Madrid. El ex presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes que se declara en huelga de hambre como señal de protesta por el "politizado juicio oral" en su contra por presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad tras intentar arrogarse más competencias en diciembre de 2022, hechos por los que fue destituido y detenido.

El ex mandatario compartió en su perfil oficial en redes sociales una escueta misiva en la que reitera una vez más que está siendo juzgado por unos hechos que "nunca" cometió y recuerda que la jueza al frente del caso ya "ha adelantado opinión" en su contra para "forzar el tipo penal de rebelión".

"Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha a una huelga de hambre; acto que me llevan a tomar por las injusticias que se viene cometiendo conmigo", reza el escrito del ex presidente, que cuenta con la firma del ex ministro de Defensa y abogado Walter Ayala.

Castillo se encuentra inmerso en un proceso judicial por posible rebelión y abuso de autoridad por los hechos acontecidos en diciembre de 2022, cuando trató sin éxito de disolver el Congreso, convocar elecciones y crear un gobierno de excepción para intentar sacar adelante las reformas prometidas durante la campaña electoral previa.

La fiscalía de Perú ha pedido para el ex jefe de Estado una pena de 34 años de prisión, así como una inhabilitación de tres años y medio y el pago de casi 65 mil 600 soles peruanos (en torno a 17 mil 800 dólares) en concepto de reparación civil en favor del Estado.

La detención de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su arresto y en contra de quien tomó el mando, la que hasta entonces era su vicepresidenta, Dina Boluarte.

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