Diego Fernando Bonilla, indígena otomí, fue torturado por tres policías ministeriales en un cuarto cerrado de la fiscalía de Huayacocotla, Veracruz. Lo envolvieron en una cobija para inmovilizarlo. Luego, uno de ellos se trepó con su rodilla sobre el pecho de Diego, mientras otro le sujetaba la cabeza y el tercero le metía agua mineral por la nariz (La Jornada, 23 de abril de 2025). Lo habían sacado de su comunidad, El Pericón (Micuá), en la parte baja del municipio de Texcatepec, en Veracruz, de donde nunca había salido. 

Diego fue llevado de El Pericón a Huayacocotla como testigo del asesinato de su amigo Adán Reyes, otomí de la misma comunidad. Pero en lugar de tomar su testimonio lo torturaron como en tiempos de la Santa Inquisición para que incriminara al hermano de Adán, Silverio Reyes. Diego apenas si entendía en español lo que le decían los policías torturadores, pero sí sentía que moría ahogado por el agua atiborrada en su nariz y garganta. Éstos le hicieron firmar papeles en blanco, que luego rellenaron con declaraciones inventadas. Escribieron que Diego reconoció a Silverio a las nueve de la noche a seis metros de distancia, detrás de una reja cubierta de bugambilias. Añadieron hasta el color de los zapatos, como si hubiera podido distinguirlo en esa noche sin luna. Con ese testimonio falseado después de tortura, el fiscal itinerante consiguió la orden de aprehensión y metió en la cárcel de Huayacocotla a Silverio. 

A pesar del proceso, torcido por la tortura desde el principio, la juez de control Inés Ranzahuer ratificó el auto de formal prisión. Tomó como pretexto que la declaración escrita, la inventada por los policías torturadores, era anterior a la declaración que ella misma escuchó de la palabra de Diego. Él reiteró en otomí que no vio al asesino de Adán y afirmó que no sabe leer lo que escribieron los ministeriales. Inútil. Silverio continuó en la cárcel. 

Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y del Comité de Derechos Humanos de Huayacocotla interpusieron la denuncia contra los torturadores en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura en Xalapa. 

La fiscalía de inmediato se dedicó a poner obstáculos a los abogados de la víctima, en lugar de investigar a los torturadores. No interrogó a la testigo de los gritos de Diego cuando era torturado. No entró al sitio donde fue torturado Diego. Envió a sus ministeriales a la comunidad a medianoche, más para amedrentar a las autoridades comunitarias y a la esposa del asesinado, Adán Reyes, que para buscar la verdad. No facilitó la aplicación del protocolo de Estambul para dictaminar la tortura a partir de entrevistas a la víctima. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hubo de realizar el protocolo y dio dictamen positivo al hecho de tortura contra Diego. Pero, imperdonablemente, el fiscal Cristian Emmanuel Silva Mirón, de la fiscalía especializada, decretó “el no ejercicio de la acción penal” contra los policías. Este decreto acaba de ser ratificado por el juez de Huayacocotla Felipe López Aburto, de los recién nombrados por elección, por un detalle discutible de forma, y sin examinar el expediente. No tocó el fondo del asunto ni mencionó la enorme gravedad del delito de tortura, como si se equiparara a una falta administrativa. 

Un paso se logró, a pesar de las mañas de las fiscalías. Este paso fue la sentencia absolutoria para Silverio Reyes debida a la valentía y honestidad del juez Raymundo Torres Martínez quien adujo falta de pruebas, beneficio de la duda y la torpeza de la fiscalía, que ni siquiera tomó en cuenta los derechos de los indígenas. Y añadió la certeza de la tortura reiterada por Diego en sus declaraciones audiencia tras audiencia. El juez Raymundo ordenó la libertad inmediata de Silverio. La certeza la comparten la comunidad otomí de El Pericón, las instancias de Derechos Humanos y el Senador por Veracruz, Manuel Huerta. Éste publicó en el pleno del Senado de la República su convicción (en el caso de tortura de Diego Fernando) y pidió un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de Veracruz a que pongan fin a la práctica flagrante de la tortura. Veracruz es el estado con más denuncias de tortura no resueltas. Son 3 mil 351, de las cuales 667 son de indígenas. La de Diego Fernando, otomí, se suma con la ominosa leyenda: “No ejercicio de la acción penal”. 

El delito de tortura contra Diego Fernando sigue impune. Los abogados de la víctima esperan una recomendación contundente de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz contra la simulación de la fiscalía especializada. Esta comisión ya tiene en sus manos la resolución del protocolo de Estambul, que declaró que Diego fue victima de tortura. A la par, los asesores del Centro Pro de Derechos Humanos han apelado la torpe resolución del juez de Huayacocotla, Felipe López Aburto, ante el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, cuya presidenta es Rosalba Hernández Hernández. La comunidad otomí confía en la sensibilidad de esta ministra nahua del Poder Judicial estatal y en la de Hugo Aguilar, el nuevo presidente mixteco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la justicia vaya llegando finalmente a los pueblos originarios. 

*Sacerdote jesuita.

Fundador de Radio Huaya.

Autor del libro La palabra alcanza lejos