Ciudad de México. En diferentes regiones indígenas del país se vive una “grave situación de violencia y crisis humanitaria”, alertaron la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Serapaz, el Grupo Indigenous Peoples Rights International, entre otras organizaciones civiles. Expusieron que muestra de ello es que actualmente atienden alrededor de 110 indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

En Chiapas, destacaron que en lo que va del año 2024 en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo se han registrado 8 mil 190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.

Por ello, demandaron al gobierno federal proteger a la población con medidas preventivas y “construir corredores humanitarios que garantice la salida de las personas cautivas por los grupos de la delincuencia organizada”, con el fin de salvaguardar su vida e integridad física y sicológica.

Igualmente, poner en marcha rutas para el desarme de grupos armados, así como articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia.

En un pronunciamiento dirigido al gobierno federal y sociedad en general, las organizaciones aseveraron que aunado a los desplazamientos han documentado homicidios de persona en la comunidad de Cinco Llagas en Chihuahua, en Chenalhó, Chiapas y en El Coire en la costa michoacana.

Asimismo, dieron cuenta de las dificultades que han atravesado para poder documentar lo que está sucediendo, ya que “en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte”.

Aún así, aseguraron que han podido acreditar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran las personas afectadas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.

Igualmente, denunciaron la “omisión sistemática” de las fuerzas armadas para coordinarse con las comunidades que solicitan su presencia.