Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei se anotó el miércoles un triunfo político luego de conseguir en el Congreso el apoyo de sectores aliados para evitar que saliera adelante una mejora de los haberes jubilatorios que vetó recientemente.

La oposición más combativa fracasó en su intento de reunir los votos necesarios para insistir con la ley que fue aprobada a fines de agosto y luego fue vetada por Milei con el argumento de que desequilibraría las cuentas públicas. Mientras tenía lugar la votación, sindicatos y organizaciones sociales protestaban en las inmediaciones del Congreso exigiendo un incremento en las pensiones en momentos en que la inflación es de alrededor de 236 por ciento anual.

Un total de 153 diputados votaron a favor de insistir con la norma vetada por el presidente, frente a 87 que se opusieron y 8 que se abstuvieron. Para revertir el veto, los opositores necesitaban reunir dos tercios de los votos —166—, por lo que la decisión presidencial quedó vigente.

Milei, un ultraliberal que ha hecho del déficit cero y el recorte al gasto público su principal objetivo, vetó el 2 de septiembre la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones promovida por la oposición.

Varios legisladores de fuerzas políticas dialoguistas que aprobaron la norma en ese momento decidieron ahora no desafiar el veto presidencial.

Milei había argumentado que la ley dificultaba gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas porque acarreaba una fuente de financiamiento extraordinaria a través de deuda o de un aumento de impuestos.

Tras conocerse el veto presidencial, opositores advirtieron que iban a insistir con la iniciativa en el Congreso.

La normativa rechazada por el presidente contemplaba, además del incremento en las jubilaciones y pensiones para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la abrupta suba de precios a principios de año, su actualización automática según la inflación mensual y una cláusula anual para aplicar cuando el promedio de los salarios en el país suba más que la inflación.

El gobierno argumentó que todas estas medidas supondrían un gasto que “se incrementaría año tras año” exponiendo a futuras generaciones “a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.