San Cristóbal de Las Casas, Chis. Un juez local ordenó desalojar a familias que habitan en la colonia 5 de Marzo de San Cristóbal, cuyas casas fueron construidas en terrenos tomados en 1994, denunció la presidenta de los colonos, Carmen Guillén Méndez.
Dijo que el 27 de junio se presentó una actuaria con la orden de desalojo para dos familias, pero los vecinos lo impidieron porque están en negociaciones con autoridades de los tres niveles y con Adrián Marenco Olavarrieta, apoderado legal de la Inmobiliaria Molino de la Alborada, S.A. de C.V., que reclama las tierras, con la finalidad de obtener las escrituras correspondientes, ya que están en disposición de pagar.
“Exigimos el cese del hostigamiento a través de la inmobiliaria en complicidad con los jueces. Hay 12 minutas firmadas por la inmobiliaria y por las autoridades de los tres niveles con la colonia”, en la que habitan más de 4 mil personas, agregó en rueda de prensa.
Guillén Méndez manifestó que a través del diálogo con el gobierno federal, “ya logramos la regularización de la colonia, por lo que ya no somos invasores. Ya nos entregaron también el cambio de uso de suelo en la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano”.
Reiteró: “Queremos que nos respeten y que se escrituren las tierras, así como que cese el hostigamiento a la colonia 5 de Marzo a quienes estamos buscando la escrituración de manera legal, con certeza jurídica”.
Señaló que “por el momento, la actuaria, que llegó acompañada por policías municipales, presentó dos notificaciones de desalojo, pero son 240 personas que fueron engañadas en 2010 y firmaron por ignorancia los documentos de preinscripción positiva, lo que ahora se usa para intimidarlos”.
Insistió en que "los terrenos ya fueron regularizados y son aptos para la construcción de viviendas. En los próximos días nos trasladaremos a la Ciudad de México para denunciar los hostigamientos que hemos sufrido".
Nicolás Gómez Velasco afirmó que después de la denuncia pública sobre actos de corrupción que los colonos hicieron la semana pasada durante la visita de la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Lenia Batres, “se incrementó la persecución en contra de los ambientalistas”, entre ellos Guillén Méndez y él mismo, que defienden los humedales de San Cristóbal.
