Mexicali, BC. La candidata a la alcaldía de Mexicali, Guadalupe Lizárraga, se pronunció por establecer a nivel federal y local la Ley Miroslava para combatir la impunidad del delito de tortura en México.
Dentro de su campaña de proselitismo, la escritora y periodista le propuso al candidato a diputado federal, Jaime Martínez Veloz, promover la "Ley Miroslava" ante las denuncias de casos de impunidad en actos de tortura en Mexicali y el resto del país.
En conferencia de prensa celebrada en Mexicali, destacaron su labor contra la impunidad en casos de tortura cometidos por funcionarios públicos.
La autora de la investigación "Reporte Miroslava" convocó a una diversidad de actores sociales, entre ellos periodistas y defensores de derechos humanos, para abordar "la preocupante situación en torno a la impunidad de la tortura para fabricar culpables y simular eficiencia en las investigaciones criminales".
Lizárraga presentó a Martínez Veloz múltiples casos de tortura donde los servidores públicos siguen en activo y las víctimas en prisión.
También mencionó otros casos emblemáticos, como el de George Khoury Layón, en el que su torturador fue liberado de prisión y designado secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes en 2022.
En Mexicali, Jesús Primitivo Maldonado Topete, torturado y fabricado culpable, lleva 14 años de prisión preventiva y desahuciado por enfermedad terminal adquirida en prisión.
Lizárraga convocó a Martínez Veloz a comprometerse públicamente con un proyecto de ley para erradicar la impunidad en casos de tortura que busca rendir homenaje a la memoria de la periodista asesinada el 23 de marzo de 2017 y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.¿
Martínez Veloz se comprometió a apoyar la iniciativa de ley contra la tortura, "de la compañera Guadalupe Lizárraga, y voy a plantear la exigencia del esclarecimiento del asesinato de (la periodista) Lourdes Maldonado, no es posible que estén presos los ejecutores materiales que han reconocido públicamente que fueron pagados para realizar tal asesinato y resulta que quienes les pagaron no están en la cárcel ni están siendo investigados".
