La policía los persiguió como criminales. Hubo disparos, allanamientos y amenazas. Sucedió en Cholula, Puebla, donde el basurero intermunicipal es una enorme montaña de tóxicos que están contaminando el agua. ¿Y a quiénes atacaron? A quienes no están dispuestos a vivir respirando partículas contaminantes ni a seguir tomando agua prácticamente envenenada; a quienes defienden el territorio y a quienes se organizan para cuidar el medio ambiente.
Los antecedentes: el pasado 21 de marzo, habitantes de la región cholulteca instalaron un plantón frente al relleno sanitario para exigir su clausura definitiva debido a que, como comprobaron estudios científicos, es un foco de contaminación que afecta directamente la salud de la población, la fauna, los cultivos y los mantos freáticos. Lograron una clausura temporal, pero el 30 de abril, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quitó los sellos y, literalmente, a golpe de disparos, grupos de choque y granaderos escoltaron a los camiones de basura para su ingreso.
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y por el Agua, organización creada a partir de la lucha contra este vertedero, y Pueblos Unidos denunciaron que paralelamente grupos de policías allanaron domicilios particulares de integrantes de este movimiento en San Juan Tlautla, situación por la que los habitantes responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de lo que pueda ocurrirles a ellos y a sus familias.
Durante la noche del último día de abril circularon decenas de audios de los habitantes perseguidos, de los disparos de armas de fuego, de la gente pidiendo apoyo ante la presencia de decenas de policías estatales y municipales. La tensión duró más de 10 horas.
Disparar a la población civil que se opone a un basurero que afecta su vida es un acto criminal. Las pruebas: 10 casquillos de balas de 9 y 5.56 milímetros encontrados en el lugar del ataque. A tan sólo cinco meses de que termine su gestión la actual administración, parece que los demonios andan sueltos. Los defensores y defensoras del territorio no pueden seguir siendo un blanco de gobiernos, empresarios y crimen organizado. Su protección es la nuestra.
