Hace apenas 11 meses, en diciembre de 2024, la Patrulla Fronteriza capturó a 301 mil migrantes y solicitantes de refugio. Un mes después, con Donald Trump como presidente, la patrulla capturó a unas 15 mil personas. Y uno se pregunta: ¿qué pasó? 

La frontera no cambió, pero el flujo se redujo sensiblemente, como si los últimos migrantes hubieran pasado en diciembre, porque luego la puerta se iba a cerrar. Y efectivamente, Trump amenazó y luego firmó una orden ejecutiva para cerrar la frontera, pero ya no era necesario: el flujo de rezagados se redujo a niveles mínimos. 

Tampoco fue necesario amenazar a México con aranceles, como había hecho en 2019 y había puesto en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente negoció poner a su disposición 20 mil miembros de la Guardia Nacional para resguardar la frontera norte y obstruir el flujo de migrantes. 

La presidenta Claudia Sheinbaum rápidamente puso a su disposición 10 mil guardias nacionales para controlar el flujo y que los migrantes no llegaran a la frontera y pretendieran cruzarla. No hubo prácticamente negociación, la experiencia de 2019 fue bastante aterradora. El tema migratorio pasó a tercer plano; ahora los aranceles se aplicarían para el asunto del fentanilo y los narcotraficantes, declarados oficialmente terroristas, lo que les da, supuestamente, derecho a aniquilarlos, como se hizo con varias lanchas de supuestos narcotraficantes. 

Las reglas del juego han cambiado a nivel regional y global. Pero en el tema migratorio es impresionante el poder y el impacto que tiene el discurso de odio antinmigrante de Trump. En un comienzo formaba parte de una estrategia electoral que había dado buenos resultados a los candidatos republicanos; el enemigo era claramente identificable, se le consideraba ilegal y por añadidura era extranjero, un alien. 

Pero el asunto fue mucho más allá de lo electoral: formaba parte de un discurso ideológico en contra de la diversidad, las minorías, los activistas y los defensores de los derechos humanos. Un discurso de trasfondo racista y supremacista disfrazado de lucha por la legalidad. 

La retórica antinmigrante escaló a niveles nunca vistos: son gente que “está envenenando la sangre en Estados Unidos”, no son migrantes como los de antes, son invasores; el término ilegal era demasiado suave. En este punto, todos los migrantes irregulares debían ser considerados criminales por el solo hecho de estar en situación irregular, lo que en realidad es una falta administrativa. Para Trump, el derecho al asilo era una tontería de los abogados, activistas y demócratas; era un abuso que se tenía que terminar, por eso canceló todos los procesos nuevos de asilo y todos los distintas formas de parole humanitario ya concedidos, las visas CBP One y otros programas. 

Según el último reporte del Pew Hispanic, se estima en 14 millones el número de indocumentados. No obstante, considera dos grupos: el primero, de 8 millones, que propiamente son migrantes irregulares, y en el segundo, a los 6 millones restantes que están en situación especial e incluye a los dreamers, los que tienen estatus temporal protegido (TPS) y los que están en alguna fase de proceso de regularización, asilo o reclamación legal. Una manera peculiar de agrupar peras con manzanas, que da pie para inflar de manera artificial al grupo de indocumentados, algo que no se hacía antes en las estadísticas del Pew Hispanic. 

La noticia de que se cerró la puerta y que las condiciones para migrar no son favorables llegó incluso a Asia y África, donde los traficantes habían tendido sus redes y contactos con sus pares mexicanos. Las estadísticas corroboran una caída muy drástica, a niveles mínimos, de migrantes latinoamericanos, asiáticos y africanos. 

La fuerza del discurso de Trump en el tema migratorio se complementa con su promesa de deportar a todos los migrantes indocumentados, a los 14 millones. De ahí que ya no tenga sentido cruzar la frontera, porque ya no admiten a solicitantes de refugio y por el ambiente tan sórdido que existe en contra de los migrantes y la persecución que recién empieza. 

No obstante, hay claros signos de resistencia de la población, que apoya y protege a los migrantes. En Los Ángeles y en Chicago, algunos políticos, policías, iglesias y autoridades han dado la cara por los migrantes. Pero también la gente de la calle, que se manifiesta e impide las redadas, una solidaridad nunca antes vista. Paradójicamente, el derecho inalienable de la propiedad privada se ha convertido en el mejor argumento de los que quieren defender a los migrantes e impiden el ingreso a sus casas o centros de trabajo.