San Cristóbal de Las Casas, Chis. El expresidente de Bienes Comunales de la llamada Comunidad Zona Lacandona, ubicada en el municipio de Ocosingo, Chankin Kimbor Chanabor, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que integrantes de grupos del crimen organizado le devuelvan su casa y su parcela.

El indígena lacandón se encuentra desplazado con su familia desde el 13 de septiembre, luego del ataque sufrido con armas de fuego y a causa de las constantes amenazas de muerte.

“Por este medio hago de su conocimiento que por motivo de la violencia desatada por elementos del crimen organizado y por amenazas de muerte he sido desplazado junto con mi familia de mi domicilio ubicado en la comunidad de Lacanjá Chansayab, ubicada dentro del perímetro de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, de Ocosingo”, dijo en una carta dirigida a ambos mandatarios.}

Añadió que el 29 de marzo se llevó a cabo en la comunidad de Lacanjá Chansayab, una asamblea en la que Gonzalo Segundo González, quien en la actualidad funge como Subcomisariado y un personaje llamado Cabrero Segundo López le informaron a la asamblea que van a tomar posesión ilegalmente de mi parcela, así como de mi casa y otras propiedades para hacer negocios particulares de manera irregular e ilegítima”.

Agregó: “Ante tal agravio y despojo de mi legítimo derecho como comunero les solicito a ustedes que puedan evitar dicho despojo, para lo cual les comunico las coordenadas de mi casa y de mi parcela respectivamente: “Casa ubicada dentro de la comunidad de Lacanjá Chansayab (tienda conocida como Las Caobas y Las Guacamayas)”, además de una parcela ubicada a orilla de la carretera Palenque-La Trinitaria, enfrente del conocido centro Ecoturístico denominado Tres Lagunas”.

Concluyó: “Ante esta triste situación espero que ustedes como máximas autoridades tomen nota del asunto y giren las instrucciones pertinentes para evitar que este despojo se realice de manera impune e ilegalmente violatorio de todo estado de derecho por quienes amparados en la impunidad operan con violencia y amenazas, desplazando, agrediendo y despojando a mi y mi familia”.

La presencia de grupos del crimen organizado en esa zona de la selva Lacandona se hizo visible en octubre, cuando los habitantes de la localidad de Frontera Corozal cerraron los accesos y colocaron guardias armadas en las entradas, además de restringir el paso hacia la zona arqueológica de Yaxchilán.

Desde el 12 de marzo fue reabierto el paso hacia Frontera corozal y a Yaxchilán, ya que la situación está “relativamente calmada”, según informaron este domingo autoridades de ese lugar.