El caso de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, será el tercero que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por asesinato de mujeres, informó la directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Michelle Salas Ramírez.

Durante un evento en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, explicó que la primera sentencia de la Corte contra el Estado mexicano fue por el del campo algodonero, relacionado con la desaparición y asesinato de tres jóvenes.

El segundo fue por la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido, y ahora se presentará el de Lilia, los tres registrados ese año, y “nosotros sabemos que es una sentencia cantada”, aunque puede llevar alrededor de dos años más conocer la sentencia.

Confío en que, después de 25 años de lucha de su mamá Norma Andrade haya justicia, pues no hay ningún detenido por su desaparición ocupada el 14 de febrero de 2001. Su cuerpo se encontró en un lote baldío de Ciudad Juárez, con signos de tortura y abuso sexual.

La persistencia e insistencia de Norma permitió se preservara mucha evidencia biológica, como el semen extraído del cuerpo de Lilia, a fin de contar con un perfil genético, el cual, sin embargo, no se ha podido contrastar, aunque “tenemos información por lo menos digamos del linaje paterno de uno de los agresores”.

Ello, denunció, “evidencia esta negligencia de la autoridad de no querer investigar por más de 20 años, y ahora tiene un detenido que podría estar relacionado, pero no permite que un perito externo realice una prueba de ADN para confrontar la evidencia que tenemos”.

Dicha confronta es importante, porque la familia “busca justicia, no venganza”, tanto por la muerte de Lilia, como por los dos atentados que ha sufrido Norma en Ciudad Juárez y Ciudad de México, por exigir a las autoridades que realicen su trabajo.

Ahora, nuevamente, el Estado mexicano será llamado a cuenta por la Corte Interamericana y “sabemos que habrá una sentencia condenatoria, que recibirá un reproche internacional por la falta de justicia, no sólo por el caso de Lilia, sino por los cientos de mujeres asesinadas en el país”.

La sentencia permitiría revisar lo que está haciendo el Estado mexicano en cuanto a sus políticas de prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres y, en su momento, reencauzarlas.

Además de lograr una reparación integral del daño, no solamente es el tema económico, que sí lo incluye, sino medidas de satisfacciones, como un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano; y garantías de no repetición, entre otras, comentó la también abogada de la familia.