Madrid. En una tensa reunión, en la que volvieron a aflorar sus profundas diferencias, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el secretario general del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acordaron iniciar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que funge como órgano rector de los jueces y fiscales y que está congelado desde hace cinco años. El encuentro se celebró en el Congreso de los Diputados, a petición expresa del líder de la derecha, con lo que se rompió la tradición no escrita de que este tipo de actos tenga como escenario el palacio de La Moncloa, la residencia oficial del mandatario español.
El único que decidió comparecer ante los medios de comunicación después del encuentro fue el líder del PP, quien explicó que había llegado una serie de demandas al presidente Sánchez, que rechazó prácticamente todas, con la excepción de dos: la renovación del CGPJ pero con la “mediación” o “supervisión” de la Comisión Europea y la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar del texto original la palabra “disminuidos”.
El principal interés de ambos dirigentes en la reunión era desbloquear la renovación del CGPJ, que ha estado congelado los últimos cincos años por falta de acuerdo entre ambos partidos. De ahí que Sánchez cedió a la exigencia de Feijóo para que la renovación sea supervisada por el comisario del ramo de la Comisión Europea, que es la que institución que viene reclamando desde hace varios años al Estado español una reforma del sistema judicial que garantice la independencia y la despolitización de los tribunales y los órganos de gobierno de los jueces.
El resto de las peticiones del líder de la oposición al presidente Sánchez fueron rechazadas, entre ellas la paralización de la aprobación de la ley general de amnistía para los independentistas catalanes, que ya está en tramitación parlamentaria; no consumar el acuerdo parlamentario con la izquierda separatista vasca de EH-Bildu para desalojar de la alcaldía de Pamplona al derechista Unión del Pueblo Navarro (UPN); y no crear las comisiones de investigación parlamentaria para ahondar en la presunta existencia de lawfare en la judicatura española, tal y como le exigieron los partidos nacionalistas catalanes para apoyarle en la investidura.
En relación con la modificación del artículo 49 de la Constitución (para eliminar el término “disminuidos”), ambos partidos acordaron presentar en la Cámara antes de fin de año una proposición de ley con el texto que ya tenían pactado y con el compromiso de no celebrar ningún referéndum de reforma constitucional que pretenda ampliar esta reforma, además de celebrar un debate monográfico en el Parlamento.
