Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una solicitud a la Cámara de Diputados para eliminar de manera definitiva el Premio Nacional de Derechos Humanos mediante una reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, ya que –consideró– si bien en ocasiones ha sido entregado a “personas de enorme valía y aportaciones reales a la defensa” de las garantías individuales, “también fue usado como un instrumento para intentar legitimar a personajes e instituciones serviles a las autoridades”.

Uno de estos casos, señaló el organismo, es el de Isabel Miranda Torres, a quien familiares de víctimas del llamado “Caso Wallace” reconocidas en dls recomendaciones, solicitaron “le sea retirado el Premio Nacional como medida de satisfacción para nosotros y nuestros familiares” que le fue entregado en el 2010.

Sin embargo, la CNDH puntualizó que no cuenta con herramientas ni mecanismos legales que le permitan dar marcha atrás en el otorgamiento de dicho galardón.

El organismo nacional indicó que “la transformación de la CNDH y del modelo de defensa de los derechos humanos es una realidad”. Por ello, su presidenta Rosario Piedra Ibarra envió la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, toda vez que -dijo- es necesario que esto sea mediante otros mecanismos e instrumentos “idóneos, con mucha mayor rigurosidad y sobre todo, que no se preste a negociaciones o acuerdos inconfesables que premien las simpatías o cercanías personales de quienes lo deciden”.

De acuerdo con la ley en la materia, el Premio Nacional de Derechos Humanos es el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales.

El galardonado es elegido por el Consejo de Premiacion, integrado por personas de reconocida calidad moral, académica o intelectual, representativas de los sectores público y privado, así como de representantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

El premio, que consiste en una diplomacia, una medalla y numerario, es entregado anualmente por el Presidente de la República y la titular de la CNDH.

El año pasado se otorgó a la defensora María Antonia Ramírez Marcelino en el 2022 por la defensa a las garantías de las mujeres indígenas, impulsando su participación política.