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Sanciona la SFP a Psicofarma por incumplimiento

Instalaciones de la Función Pública. Foto tomada del Twitter de @SFP_mx / Archivo
Instalaciones de la Función Pública. Foto tomada del Twitter de @SFP_mx / Archivo
25 de septiembre de 2020 09:14

Ciudad de México. La empresa Psicofarma –una de las principales proveedoras de medicamentos para el sector salud– fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que no podrá obtener contratos públicos por 45 meses y se le impuso una multa de 2 millones 310 mil pesos.

La resolución se dio a conocer en la edición del miércoles del Diario Oficial de la Federación, (DOF) donde también se dio cuenta de las sanciones impuestas a otras cinco compañías de diversos ramos, entre ellos la salud.

La sanción se dio debido al incumplimiento por parte de Psicofarma de un contrato con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para la compra de 600 mil piezas del medicamento Albendazol, que se usa para el combate a enfermedades parasitarias, ya que la empresa sólo entregó 319 mil 905 unidades.

Esta compañía mexicana distribuye medicamentos para padecimientos siquiátricos y neurológicos. Por décadas, ha sido una proveedora habitual del Issste, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras dependencias.

De acuerdo con el expediente de resolución publicado en el DOF, la sanción no afectará contratos que hubiera firmado previamente a la misma, como es el caso de uno por más de 776 millones de pesos, pagados por el gobierno federal, o los 33 millones de otro para proveer hasta 13.5 millones de envases de Albendazol para repartirse a lo largo de este año en diversas instituciones del sector salud.

Tras la sanción impuesta por la SFP, luego de las indagatorias del Órgano Interno de Control del Issste, Psicofarma no podrá establecer contrato alguno durante tres años y nueve meses con ninguna dependencia o asociación productiva del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

La empresa puede impugnar la resolución mediante juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en busca de una suspensión para poder seguir participando en licitaciones públicas mientras se revisa la sanción.

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