Ciudad de México. Luego del homenaje que el gobierno de Guerrero, a cargo de la morenista Evelyn Salgado, realizó por el natalicio del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, señalado como uno de los responsables de la llamada Guerra Sucia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado “energético” al Congreso estatal y las autoridades locales a respetar la memoria de las víctimas de la represión en las décadas de 1960 y 1970.

A su vez, el representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Encinas, calificó como “indignante” que el gobierno de Guerrero rinda homenaje a Rubén Figueroa. “Un personaje que debería ser juzgado como uno de los grandes violadores de derechos humanos en Guerrero y en nuestro país”, apuntó.

En un comunicado, el organismo nacional mencionó que en el acto cívico estuvo presente Rubén Figueroa Alcocer, hijo del ex mandatario guerrerense, y señaló que ambos “fueron protagonistas de varios episodios represivos en la entidad”, entre los que sobresale la masacre de Aguas Blancas que, incluso, fue objeto de la Recomendación 104/95 emitida por esta Comisión.

“Hacemos un respetuoso exhorto al Gobierno del estado de Guerrero para asumir su obligación de respetar la memoria de las víctimas de la violencia política de Estado cometida durante los gobiernos de ambas personas”, reiteró.

La CNDH pidió al Congreso de Guerrero revisar el calendario de días cívicos a conmemorar y armonizarlo con un ejercicio serio de memoria histórica.

También planteó revisar las recomendaciones que ha emitido, en las que se detallan los actos de violencia política cometidos durante la administración de Figueroa Figueroa, sobre todo la 98VG/2023 de la Oficina Especial para Investigar la Represión de Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente de la CNDH.

En esa recomendación, abundó, están ampliamente documentados los actos de violencia política cometidos durante el gobierno de Figueroa Figueroa, y que, como autoridad recomendada, el Congreso local está obligada al cumplir sus puntos recomendatorios, en particular un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por “las atroces graves violaciones” a derechos humanos registradas en el periodo de 1965 a 1990.

También estipula que se deben realizar las gestiones necesarias para que la nomenclatura de calles, los monumentos públicos, nombres de escuelas y otros lugares públicos, que refieran a perpetradores señalados en el presente instrumento recomendatorio, sean señalados públicamente como violadores a derechos humanos y, en conjunto con las víctimas sobrevivientes y familiares de violencia política de Estado, se establezcan alternativas de cambio de nomenclatura y/o desmonte de monumentos o estatuas que refieran a perpetradores.

Hecho lo anterior, la CNDH requirió al gobierno estatal que envíe las constancias con que se acredite su cumplimiento.