Ciudad de México. En días recientes, un tribunal colegiado le concedió un amparo a Daniel Plácido Arroyo, un joven que fue condenado a 70 años de cárcel luego de ser acusado de forma injusta de haber cometido un secuestro, por lo que ahora el Tribunal Superior de Justicia del estado de México (TSJEM) deberá considerar las pruebas de inocencia del acusado que antes no se tomaron en cuenta, y eventualmente ordenar su libertad.
Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó en entrevista con La Jornada que, luego de analizar el expediente de Daniel Plácido, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Toluca llegó a la conclusión de que al momento de emitir su sentencia, las autoridades judiciales encargadas del caso no habían valorado diversos testimonios que exculpaban al acusado del delito que le imputaron.
De acuerdo con el litigante, al menos seis personas afirmaron en su momento que el joven había estado con ellos en la fecha y la hora en la que la parte acusadora afirmó que había sido secuestrada por Daniel, pero sus dichos no fueron tomados en cuenta por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca.
Al haber sido aceptado el amparo que la defensa de Plácido Arroyo presentó, ahora el magistrado presidente del TSJEM, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, tendrá la posibilidad de valorar las mencionadas pruebas de inocencia del acusado y ordenar su puesta en libertad, ya que los señalamientos contra el joven se basan en el dicho de una sola persona.
Como se ha informado en este diario, Plácido Arroyo –herrero de profesión, aunque también tiene estudios técnicos en informática—fue detenido el 5 de noviembre de 2015 en la comunidad mexiquense de San Pedro Totoltepec, luego de que una víctima de secuestro dijera haberlo reconocido durante un recorrido en auto, acompañado de policías, ya que el joven “era moreno y estaba sucio”.
El de Plácido, afirmó Antonio Lara, es un caso paradigmático que ilustra la forma en que miles de personas en el país y en el estado de México son criminalizados por ser jóvenes, de escasos recursos económicos y sin acceso a la educación formal, por lo que es necesaria la aprobación de una Ley de Amnistía que excarcele a las personas injustamente presas.
Leydi Plácido, hermana de Daniel, coincidió en que la historia de su familiar demuestra cómo “en el estado de México se ‘fabrican’ culpables con un hilo conductor: son jóvenes y tienen trabajos como albañil, herrero o mecánico. Se ha criminalizado a estos sectores por su origen, por ‘portación de rostro’, por cómo se ven”.
