La primera protesta rural postneoliberal en México, así podría llamarse la actual movilización de productores rurales. Las revueltas rurales de los 90 y los 2000 tuvieron todas signo antineoliberal y en su mayoría fueron de agricultores y organizaciones campesinas ante el despojo, el libre mercado y la exclusión neoliberales. La toma de carreteras y de aduanas de estos días, con participación mayoritaria de productores medios y grandes, es más abigarrada, heterogénea, en sus demandas, contingentes y motivaciones.

Aunque al principio el detonador de la movilización de los agricultores fue el precio de garantía de los granos básicos, paulatinamente la reforma a las leyes hídricas cobró más relevancia. La iniciativa de ley del gobierno federal, muy necesaria para terminar con la depredación neoliberal y ordenar con justicia y sostenibilidad el vital líquido estuvo bien concebida, con cuestiones a mejorar, ciertamente, pero se comunicó mal a la población. 

De ahí se agarraron acaparadores, negociantes del agua y algunos gobiernos y políticos de la oposición para revolver el río y desinformar sobre el tema, provocando el pánico de muchos productores, quienes sintieron que peligraba su título de concesión y la posibilidad de transmitirlo con su tierra. 

Cuando eso sucede, señalan los teóricos, se genera una movilización, más emocional que racional, impulsada por el sentimiento de privación relativa: cuando la gente siente que está en peligro de ser privada de algo que ya tiene, así se parta de premisas falsas, como es el caso. Es una protesta postneoliberal, porque en ella se yuxtaponen aspectos y demandas contra los efectos de las políticas neoliberales, con la defensa neoliberal contra la intervención del Estado en el ordenamiento y la gobernanza del agua. 

Sea como fuere, con pretensiones legítimas, no tan legítimas o de plano aviesas, los productores lograron que el Ejecutivo y el Legislativo federales vayan más allá del diálogo y organicen mesas de trabajo para solucionar los pagos pendientes de maíz y de trigo, y para trabajar sobre precios de garantía; habría que ver si resultan. 

Además, el Legislativo realizó modificaciones y precisiones a la iniciativa de leyes hídricas para disolver los motivos de la incertidumbre. Un acuerdo muy importante es iniciar el 8 de diciembre una mesa de trabajo para revisar el modelo y las políticas agroalimentarias. Esta debe ser la gran oportunidad, no para resolver de manera puntual la problemática actual, sino para emprender una gran reflexión y debate colectivos sobre el modelo de agricultura, mejor dicho, de agriculturas nacionales. 

Las políticas de los seis sexenios neoliberales no se dirigieron al conjunto de agriculturas de nuestro país. Privilegiaron a los grandes productores, a algunos medianos y empresas agroexportadoras. Las subvenciones otorgadas en este largo periodo fueron “subsidios para la desigualdad”, como demuestran diversos autores. 

Después vino el primer piso de las políticas de la Cuarta Transformación que, con intención redistributiva, privilegiaron los apoyos a los productores más pobres, con programas como Producción o Fertilizantes para el Bienestar. Sin embargo, muchos de los productores medios y grandes sienten que no son incluidos en estas políticas y en parte a eso se debe su malestar actual. También demandan ser incluidas las comu nidades indígenas y las personas jornaleras del campo. 

Además de las protestas actuales, hay fuerzas subterráneas que van transformando nuestro campo y exigen repensar y debatir nuestra agricultura: entre 2018 y 2023 dejaron el medio rural 1.2 millones de personas; la edad promedio de las personas productoras sigue aumentando, junto con la expansión del rentismo parcelario, los oligopolios trasnacionales cada vez dominan más los alimentos y los insumos agrícolas a nivel global; evolucionan los hábitos alimenticios; el cambio climático impacta gravemente al mundo rural. 

Por eso es muy necesario repensar y debatir la forma de incluir a todas las agriculturas que coexisten en nuestro país. Que se ubique a cada una de ellas en su aporte, su horizonte, los recursos que requiere y su forma de relacionarse con las demás: la agricultura indígena, la campesina, las agriculturas familiares, la agricultura comercial, sea de temporal o de riego, la de exportación, la que practican las personas jornaleras. 

Hay temas básicos, de solución inmediata, que deben ser centrales: la planeación de qué se va a producir, para qué y en dónde, con qué agua y efecto en los recursos naturales. El ordenamiento de los mercados, clave para mejorar los precios al productor y al consumidor y controlar los oligopolios y oligopsomios. 

El financiamiento y los seguros, restringidos ahora sólo a un grupo de productores comerciales, inaccesibles para una gran mayoría de productores. La ubicación en el mercado global. Algo que se ha venido postergando: la cobertura real y con dignidad de todos los derechos y prestaciones sociales a las personas jornaleras. 

La seguridad y la paz en el campo mexicano. Si la política agrícola neoliberal casi por definición fue excluyente y tendiente al acaparamiento, la política postneoliberal, la de la Cuarta Transformación, debe buscar la inclusión no subordinada de todas las formas de agricultura, precisar el papel del Estado hacia cada una de ellas. Rediseñar de manera participativa lo que sería una especie de pluralismo agrícola, con justicia, sostenibilidad y productividad. Mayúscula, pero necesaria tarea.