Zacatecas. Integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, (REMA), emitieron un pronunciamiento dirigido a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo del país, para refrendar su oposición a una “nueva ley minera”, considerando que persistirá la devastación de las actividades mineras en el país, ya que está demostrado que “en los lugares donde se instalan éstas empresas, constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social, por el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades”.

En la REMA  “nos pronunciamos no por una revisión a la ley minera, sino por  la suspensión inmediata de este modelo extractivo en todo el país. Advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y académicos, que insisten en que los males socioambientales generados por el modelo extractivo minero, podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal”.

“Ello es una equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria ‘verde’, ‘sustentable’, ‘segura’, ‘responsable’ y ‘respetuosa de los derechos humanos’, que son adjetivos que se han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo”, comentó la red.

Lo anterior ocurre pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las empresas mineras a su paso por los territorios de extracción, “han sido ampliamente documentados”, explicó.

La organización no gubernamental precisó: “Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y destruye la vida”.

 “Si los promotores de esa ley ‘amplia’, consideran que una consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales -incluyendo la libre determinación de los pueblos-, para garantizar un (supuesto) modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, entonces estamos ante un problema mayúsculo”, mencionó.

“Porque los cambios abonarán a legalizar el resultado de la minería: el despojo y desplazamiento forzado, ambos procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud”, dijo REMA.

“Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el derecho a la tierra y al territorio”.

“Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica  en El Salvado;, la minería de oro a tajo abierto en Costa Rica; o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas en varias provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal”.