Ciudad de México. El dictamen en materia de agua que aprobó la Cámara de Diputados y envió al Senado “no contiene ningún artículo” que establezca una obligación o mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobreexplotación, ni para garantizar el líquido para las poblaciones que sufren de marginación hídrica, alertaron las organizaciones ciudadanas Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.

Académicos, investigadores y las más de 90 colectivos que las integran, señalaron que a pesar del paquete de 18 reservas presentado anoche en la Cámara de Diputados, no se le movió “ni una coma” y se insiste en la “perpetuación” de la Ley de Aguas Nacionales salinista a través de la elaboración de una “‘Ley General de Aguas’ sin efectos exigibles”, que incumple con el mandato Constitucional de garantizar la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana.

"La Coordinadora Nacional Agua para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua denunciamos el proceso atropellado en el cual la Conagua (Comisión Nacional del Agua) impuso una aprobación exprés de su Iniciativa Legislativa, sin revisión pública y “sin mover ni un punto ni coma”, subrayaron.

Apuntaron que en el proyecto legislativo enviado este jueves al Senado, no se encuentra “ningún artículo que obligue a la Conagua” a desmontar el acaparamiento y la sobreexplotación.

El Fondo de Reservas del Agua, el cual reemplazará los anteriores “Bancos del Agua” permite la “reasignación” de volúmenes sin tener que reducir el sobreconcesionamiento, explicaron.

Las organizaciones acusaron que tampoco se garantiza el derecho humano al agua, ya que no se menciona ninguna obligación en cuanto al manejo de aguas nacionales y el presupuesto federal, ni a los sistemas de agua potable, en cuanto a la distribución prioritaria.

Respecto al objetivo de poner fin a la corrupción, en el dictamen no se logró ninguna reforma que pudiera “cerrar la puerta a las prácticas de corrupción de la Conagua en el manejo de concesiones”, debido a que no se estipuló el transparentar las listas de solicitudes por cuenca y acuífero, obligando su ordenamiento por prelación y por orden de presentación, y garantizando priorizar los derechos al agua de sistemas comunitarios, pueblos indígenas y núcleos agrarios.

De igual forma, apuntaron que tampoco se incluye la obligación de la Conagua de transparentar las solicitudes aprobadas, indicando la fecha de notificación. “Esto pondría fin a la práctica de los bufetes que obtienen concesiones y no las notifican durante años, para no tener que pagar derechos hasta encontrar quien los quiere adquirir. La reasignación, igual que la transmisión, sigue siendo considerado un “derecho” del concesionario, expusieron.

La Coordinadora Agua Para Todos aseguró que tampoco se transparenta el pago de derechos ni la obligación de la Conagua a caducar los volúmenes para los cuales no se han cubierto los pagos.

“La Conagua sólo está cobrando el 20 por ciento de los derechos que deben los usuarios industriales y de servicios; lo cual convierte la recaudación en una enorme oportunidad de corrupción”, recalcó.

Las organizaciones, que integran a distintos grupos que luchan por los derechos del agua en el país, insistieron en que la Conagua no integró en el proyecto en materia de aguas las más de 500 propuestas ciudadanas que se generaron en las Audiencias Públicas que organizó el Poder Legislativo, entre ellas prohibir la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento, y reconocer los derechos de pueblos indígenas al agua en la Ley de Aguas Nacionales.

El dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados “dista mucho del mandato Constitucional de equidad, sustentabilidad y participación; de los logros que están anunciando; así como de la base legal que México necesita en estos momentos críticos”, reiteraron.