La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a autoridades federales y del estado de Guerrero para que adopten de inmediato medidas pertinentes para proteger los derechos de niños y adolescentes quienes fueron presentados el pasado 22 de enero por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) como nuevos integrantes de esa organización con sede en el municipio de Chilapa de Álvarez.
El organismos nacional dirigió una comunicación oficial a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Poder Ejecutivo, Fiscalía General de Justicia, la Procuraduría de Protección, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todos del estado de Guerrero, solicitando que en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas pertinentes evitando la participación armada de los menores en los grupos de autodefensa.
Asimismo, pidió que se implementen acciones para informar y sensibilizar a los líderes comunitarios, las familias y la población en general, sobre su responsabilidad como garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y sobre los daños irreparables que podría generar su involucramiento en conflictos armados.
También requirió la elaboración del diagnóstico y plan de restitución de derechos integral que corresponda a cada uno de los afectados atendiendo a su interés superior y sus circunstancias sociales y culturales, focalizando acciones para su recuperación física y psicológica y su reintegración social, considerando su contexto social y cultural.
En un comunicado, la CNDH externó su preocupación por que hechos como este se conviertan cada vez más en prácticas recurrentes en el estado de Guerrero que ponen en grave peligro la integridad, vida y desarrollo integral de los infantes. Refirió que en 2019 se presentó también un caso de personas menores de edad que anunciaron su integración a los grupos de autodefensa en el municipio de Chilapa argumentando la falta de respuesta por parte de las autoridades ante la actuación del crimen organizado.
Indicó que los hechos ocurridos confirman la urgente necesidad de trabajar para materializar las políticas, programas y acciones de gobierno dirigidas a la niñez y adolescencia a nivel municipal, comunitario y familiar, ya que son los entornos más inmediatos donde se desenvuelven las personas menores de 18 años, y donde las intervenciones oportunas y eficaces pueden prevenir incumplimiento o violaciones a sus derechos humanos.
